Redacción América, 23 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que 2025 fue el año en el que se consolidó un «régimen dictatorial» en Venezuela, al argumentar que Nicolás Maduro permaneció en el poder «sin legitimidad democrática», tras un proceso electoral caracterizado por «denuncias generalizadas de fraude» y «graves violaciones de DD.HH.».
En su informe anual, difundido este jueves, la CIDH subrayó que la investidura de Maduro, en enero de 2025, marcó «un punto de quiebre en la historia política de Venezuela», luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamara ganador de las presidenciales de 2024, aunque sin publicar las actas de votación, como exigía su cronograma, lo que dio pie a denuncias de falta de transparencia.
Por tanto, la Comisión indicó que no puede considerar estos comicios como un proceso con legitimidad democrática, debido a la «opacidad electoral, las graves denuncias de fraude y las restricciones sistemáticas a los derechos políticos».
«Tales circunstancias reflejan la utilización de un proceso electoral disimulado para proyectar una falsa apariencia de democracia, así como la inexistencia de condiciones mínimas para el ejercicio efectivo de los derechos políticos en Venezuela», subrayó.
Además, aseguró que en 2025 la Fiscalía y el Poder Judicial no investigaron, juzgaron ni sancionaron los «asesinatos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso ocurridos durante y después del proceso electoral de 2024″, en medio de una crisis política.
«En 2025, las fuerzas de seguridad del Estado intensificaron la detención arbitraria de personas extranjeras, y con doble nacionalidad, con el aparente propósito de utilizarlas como objeto de canje por personas de nacionalidad venezolana privadas de libertad en el extranjero», resaltó.
El Estado venezolano tampoco ha dado «ninguna información sobre el avance en la investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto electoral», cuando se registraron 28 «asesinatos», 195 heridos, 2.229 detenciones, incluyendo 158 adolescentes, de acuerdo al informe.
Además, la CIDH reconoció la dificultad del acceso a datos verificables sobre la situación de derechos humanos en Venezuela debido a la opacidad informativa y la falta de transparencia de las instituciones públicas.
«La información ‘oficial’ disponible es escasa, fragmentaria y, en muchos casos, carente de credibilidad, al responder a fines de propaganda estatal más que a criterios de rendición de cuentas», añadió.
Por todo lo anterior, consideró que en el país se ha establecido un «régimen dictatorial», luego del colapso de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho producto de la «cooptación de los poderes públicos» y la «ruptura del orden constitucional».
La CIDH instó a Venezuela a que adopte «medidas institucionales urgentes» para «retornar a la democracia y al Estado de derecho», y garantizar una «legítima y pacífica sucesión constitucional» que refleje la «voluntad» de los venezolanos expresada en las presidenciales, cuando la mayor coalición opositora asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, derrotó a Maduro.
Este informe fue aprobado el 17 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026 se envió una copia del documento al Estado venezolano, aunque el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, no presentó observaciones, señaló la CIDH.
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