Tareck El Aissami, ex vicepresidente de Venezuela y exministro de Petróleo, denunció en la segunda sesión de declaraciones ante el Tribunal Tercero de Terrorismo con competencia en Juicio que el exfiscal general Tarek William Saab envió a los fiscales Eddie Rodríguez y Farik Karin Mora a extorsionarlo durante su reclusión y aislamiento.
El ex vicepresidente aseguró que ambos fiscales le habían solicitado dinero a cambio de mejorar su situación en la cárcel. La información fue suministrada a El Nacional por una fuente judicial con conocimiento de la audiencia, realizada el lunes 11 de mayo.
El Aissami responsabilizó a Saab, Rodríguez, Mora y al juez Carlos Liendo por las torturas, aislamiento, humillaciones, vejaciones y violaciones de sus derechos humanos que ha denunciado durante su reclusión; y por la negación de su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
También señaló que Saab protegió a Eric Malpica Flores en la investigación por actos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que se realizaba en su contra.
Señalan irregularidades en el caso
Previo a la declaración de El Aissami, los abogados defensores de varios imputados expusieron graves irregularidades en el expediente del caso: actas y declaraciones de los fiscales y del juez no firmadas, inconsistencias en las fechas, entre otras.
Resaltaron que la jueza Alejandra Romero Castillo no ha permitido que el expediente repose en la Sala de Audiencia como lo exige la ley. Tampoco ha expedido copias a los abogados, quienes reclaman acceso al documento, manteniendo un hermetismo en torno al caso.
El exfuncionario dijo que su esposa e hijos eran acosados por la Dgcim, y reiteró su solicitud de que se permita el acceso del público al juicio sin ninguna restricción.
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Piden juicio público
Aunque el Código Orgánico Procesal Penal establece en sus artículos 1 y 15 que los actos del juicio deben ser públicos, las audiencias se han desarrollado sin acceso al público. Trascendió que los abogados defensores han solicitado en cada sesión que la jueza haga cumplir esa disposición.
Las jornadas se han realizado a puerta cerrada, con la presencia exclusiva de integrantes del tribunal, los 64 imputados y más de 40 abogados. También han asistido más de 30 funcionarios del Dgcim y Sebin, descritos como encapuchados y fuertemente armados.
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