La Cámara de Representantes de Colombia expresó este miércoles su preocupación por los presos políticos en Venezuela, particularmente por Wilmer Azuaje Cordero, diputado de la Asamblea del estado de Barinas, para el que pidió su “libertad inmediata”
Así lo manifestó esa cámara en una proposición leída y aprobada en la plenaria a la que fueron invitados magistrados de los altos tribunales de Venezuela que se encuentran en Colombia, al igual que la esposa de Azuaje, Kelly García.
“Estas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen dictatorial de Venezuela son inaceptables y es por ello que la Cámara de Representantes de la República de Colombia rechaza enérgicamente la comisión de esas conductas contrarias a la dignidad humana, y exige con la mayor vehemencia la inmediata liberación y el restablecimiento de los derechos del diputado Azuaje Cordero y de todos los presos políticos en Venezuela”.
Azuaje, enfrentado al oficialismo desde hace más de una década por denunciar supuestos abusos de poder y corrupción de la familia del entonces presidente Hugo Chávez, es diputado por el partido opositor Primero Justicia (PJ) en el estado occidental Barinas.
Fue detenido el pasado 2 de mayo junto a Jovanny José Gonzalez Díaz, de quien las autoridades venezolanas dicen que es su cómplice.
La esposa de Azuaje, que habló en la sesión de la Cámara de Representantes, aseguró en Venezuela “tenemos 603 casos de presos políticos, tres de ellos diputados”.
Kelly García manifestó que a su esposo, del que dijo “está secuestrado por el Gobierno (venezolano) hace 138 días, se le han violado “todos sus derechos humanos y constitucionales” y que está privado de la libertad por “defender la democracia”.
A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, expresó que los magistrados del tribunal supremo de Venezuela han visto como “el régimen de Nicolás Maduro ha usurpado sus funciones, los han perseguido, y han congelado sus bienes, sus activos y sus cuentas”.
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Recordó que varios de ellos han tenido que “huir de su propia patria y buscar asilo” en Colombia y que otros lo han hecho en Chile.
El Gobierno de Colombia concedió el pasado 26 de agosto refugio por 30 días a seis de los 33 magistrados juramentados en julio pasado por el Parlamento de Venezuela y quienes abandonaron su país después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara su detención.
El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, juramentó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para sustituir a los que considera “ilegítimos”, después de que en diciembre de 2015 la mayoría chavista en el Legislativo designó a decenas de jueces.
La decisión de diciembre de 2015 se produjo justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas, el día 6, y antes de que traspasara el poder del Parlamento a la nueva mayoría.
El 22 de julio, un día después de jurar el cargo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al magistrado Ángel Zerpa.
Posteriormente, el presidente venezolano anunció que los 33 juristas irán presos “uno por uno” y se les congelarían sus bienes y sus cuentas bancarias.
