Miami, 31 mar (EFE).- Florida reducirá las exigencias para sentenciar a una persona a la pena de muerte en virtud de un proyecto de ley que ya pasó el trámite en el Senado y deberá ser aprobado en la Cámara de Representantes antes de ser enviado al gobernador Ron DeSantis, favorable a la medida, para su firma.
El proyecto, aprobado el jueves en el Senado con 29 votos a favor y 10 en contra, establece que un juez podrá imponer la pena capital a un condenado si ocho de los doce jurados así lo recomiendan, algo que va contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. que considera inconstitucional para estos casos la mayoría simple y exige un voto unánime.
DeSantis anunció en 2022 que quería volver a la condena a muerte por mayoría simple, vigente en Florida hasta que la Corte Suprema obligó a cambiarlo en 2016.
La razón aducida por el gobernador republicano fue que el autor confeso del tiroteo en el que murieron 17 personas en una escuela secundaria de Parkland (Florida) en 2018, Nikolas Cruz, se libró de la pena capital porque el voto del jurado no fue unánime.
Al mismo tiempo DeSantis ha promovido una simplificación de las normas que regulan en Florida el porte y tenencia de armas.
Desde el jueves solo falta la firma de Desantis para que sea legal en Florida llevar consigo, aunque de manera oculta, un arma de fuego sin necesidad de permiso ni entrenamiento, lo que el gobernador denomina «porte constitucional».
En enero de este año se llevó a cabo la primera ejecución de un condenado a muertes desde 2019.
Donald David Dillbeck, de 59 años y condenado a muerte por un asesinato cometido en 1990, años después de haber matado a un policía, fue ejecutado con una inyección letal.
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Para el 12 de abril está programada la de Louis Gaskin, condenado por un doble asesinato cometido con un rifle en 1989.
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida le pidió en una carta aa DeSantis que no firmara la autorización para ejecutar a Dillbeck, pero fue ejecutado.
En la carta, los obispos subrayaron que castigar con la pena de muerte «debería ser inadmisible».
El presidente de EE.UU., Joe Biden, aplicó en 2021 una moratoria a las ejecuciones federales, después de que su antecesor, Donald Trump, las reanudara durante su mandato presidencial.
Según datos del Departamento de Correcciones (Prisiones) de Florida, actualmente hay casi 300 presos en el «corredor de la muerte», como se conoce el lugar donde permanecen los que van a ser ejecutados.
El preso de edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años, que fue condenado por tres asesinatos que aún al día de hoy asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.
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