Bangkok, 12 may (EFE).- La orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el exjefe de la Policía Nacional de Filipinas y senador Ronald «Bato» dela Rosa ha dejado una escena surrealista en Manila: el presunto aliado del expresidente Rodrigo Duterte en la sangrienta guerra antidrogas está confinado desde ayer en el Senado para evitar ser detenido, tras protagonizar una huida a la carrera por sus pasillos.
Tras varias jornadas ausente, Dela Rosa reapareció el lunes en el Senado para participar en una votación que aupó a la presidencia del mismo -dominado por la dinastía política de los Duterte- a Alan Peter Cayetano, quien ya ha señalado que lo mantendrá bajo custodia a menos que una corte filipina ordene su detención, en declaraciones recogidas por medios locales.
La jornada se alargó más de lo previsto: al término de la sesión, Dela Rosa, de 62 años, se confinó en el edificio y pasó la noche en el despacho del senador Jinggoy Estrada, de donde esta mañana se le ha visto salir en camiseta y pantalones cortos, en una inusual escena descrita en la prensa filipina.
Horas antes, visiblemente agitado, el senador había irrumpido en el salón de plenos tras lograr esquivar a los agentes encargados de detenerlo en virtud de la orden emitida la víspera por la CPI, que le atribuye presuntos crímenes de lesa humanidad en la guerra contra las drogas liderada por Duterte, a la espera de juicio en La Haya.
Durante su mandato como presidente (2016-2022), entre 6.000 y 30.000 personas, según las fuentes, murieron en operativos policiales y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la guerra contra los narcóticos.
Las cámaras de seguridad del Senado -donde las detenciones requieren autorizaciones específicas- captaron a Dela Rosa tropezando por unas escaleras y corriendo por pasillos mientras efectivos de la Oficina Nacional de Investigación trataban de alcanzarlo.
EFE/EPA/ROLEX DELA PENA
«Coautor» de la guerra antinarcóticos
Todo ello se producía mientras simpatizantes del expresidente Duterte protestaban frente al edificio contra la orden de arresto de la CPI, inicialmente secreta pero reclasificada como publica el lunes, horas después de que medios filipinos adelantaran los planes de la corte.
«Continúen vigilando frente al Senado», pidió hoy en redes sociales el exjefe de la Policía, considerado por la CPI «coautor indirecto» del crimen de lesa humanidad de asesinato.
El documento judicial afirma que contribuyó de forma esencial mediante declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos, así como mediante el despliegue de recursos policiales y el nombramiento de mandos clave, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante «escenarios ficticios de defensa propia».
La investigación de la CPI sobre Filipinas se centra en presuntos crímenes cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 en el marco de la llamada «guerra contra las drogas» de Duterte, bajo custodia en La Haya desde marzo del año pasado.
Su detención se produjo el 11 de marzo en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, respondiendo también a una orden de la CPI, que lo acusa de crímenes de lesa humanidad.
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