Amnistía Internacional denunció este martes un alarmante incremento de las desapariciones forzadas en Venezuela como parte de una política de Estado para reprimir la disidencia luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En el informe Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela se afirma que esta práctica sistemática y generalizada configura un crimen de lesa humanidad.
Desapariciones forzadas en Venezuela: una política de represión
La organización analizó 15 casos de desapariciones forzadas ocurridas entre julio de 2024 y junio de 2025, período en el que se intensificó la represión estatal tras el fraude electoral de Nicolás Maduro.
“Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales”, sostiene.
Señala que estas desapariciones —al igual que las detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de persecución— forman parte de una estrategia más amplia y planificada para castigar a opositores políticos, activistas, periodistas y cualquier persona percibida como crítica del gobierno.
Un patrón sistemático y generalizado
La investigación demuestra que la práctica de la desaparición forzada en Venezuela cumple con los criterios establecidos por el derecho internacional para clasificar los casos como crimen de lesa humanidad.
Uno de los factores más graves identificados por la organización es la participación activa de organismos del Estado, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.
En muchos casos, las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, con agentes uniformados o vestidos de civil, y con posterior negativa de reconocer la detención o revelar el paradero de las víctimas.
Cifras alarmantes y contexto electoral
Amnistía Internacional subraya asimismo que, tras las presidenciales, se registró un pico no visto desde la crisis política de 2019. La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas también corroboró esta tendencia.
Según datos del Foro Penal, al menos 67 personas permanecían desaparecidas a finales de abril de 2025 y 46 continuaban en esa condición al cierre del informe.
“Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón”, afirmó Maduro en alusión a la cárcel venezolana, en un discurso televisado el 3 de agosto de 2024 .
Casos documentados: persecución con fines políticos
El informe detalla los casos de 15 personas desaparecidas, entre ellas:
- Alfredo Díaz, exgobernador y dirigente opositor.
- Rory Branker, periodista de La Patilla.
- Eduardo Torres, activista de Provea.
- Varios ciudadanos extranjeros como los españoles Andrés Martínez y José María Basoa, así como el ucraniano Yevhenii Petrovich Trush, un joven con TEA y TDAH detenido mientras solicitaba refugio.
Amnistía Internacional también destaca que la nacionalidad de las víctimas se ha utilizado para construir narrativas sobre conspiraciones extranjeras o como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas.
En algunos casos, las autoridades venezolanas acusaron a los detenidos de formar parte de complots internacionales sin presentar pruebas creíbles.
Uso de herramientas tecnológicas para la represión
El informe también advierte sobre el uso de herramientas digitales como la aplicación móvil VenApp. Originalmente se creó para recibir reportes ciudadanos, pero se adaptó para permitir denuncias e incluso falsas acusaciones contra supuestos opositores.
Esta aplicación habría facilitado detenciones selectivas en barrios donde se realizaron protestas, marcación de viviendas y persecución por afinidad política.
Vulneración del derecho a la justicia y a la defensa
Las desapariciones forzadas no solo afectan a las víctimas, sino también a sus familias, que quedan sumidas en la incertidumbre y el sufrimiento. Esto ocurre mientras que personas detenidas están mantenidas incomunicadas, privadas de garantías procesales y sometidas a torturas, condiciones carcelarias inhumanas y negación de atención médica.
Aun cuando algunas personas han salido de prisión, muchas continúan bajo medidas cautelares que restringen su libertad. Otras han fallecido bajo custodia del Estado debido a complicaciones de salud no atendidas
Venezuela ante la Corte Penal Internacional
Amnistía Internacional recordó que Venezuela es Estado parte del Estatuto de Roma. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar crímenes de lesa humanidad en el país desde 2002.
Actualmente, la Fiscalía de la CPI investiga varios delitos cometidos por el Estado venezolano, entre ellos la desaparición forzada, la tortura y la persecución política.
“La desaparición forzada de personas no solo es una violación grave de derechos humanos, sino también un crimen internacional que genera responsabilidad penal individual”, recalca el informe.
¿Qué exige Amnistía Internacional?
La organización exigió a las autoridades venezolanas poner fin a la práctica de desapariciones forzadas y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. Así como permitir el acceso a observadores internacionales y garantizar justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
También que la comunidad internacional vigile la situación de derechos humanos en el país y apoye los mecanismos de rendición de cuentas.
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