En el mes de julio se registraron 18 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, de acuerdo con un monitoreo realizado por la ONG Espacio Público.
El patrón más común fue la intimidación, con 61,11% de los casos, seguido por censura, hostigamiento judicial y hostigamiento verbal. Los principales afectados fueron periodistas (66%), junto a ciudadanos, miembros de ONG y particulares.
En cuanto a los responsables de las violaciones a la libertad de expresión, en 61,54% de los casos fueron funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Las agresiones ocurrieron principalmente a través de Internet, aunque también se registraron hechos en Lara, Aragua, Bolívar, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta y el Distrito Capital.
Julio se convirtió en el tercer mes con más incidentes de violaciones a la libertad de expresión documentados en 2025, impulsadas por las restricciones informativas durante las elecciones municipales del domingo 27, cuando se registraron 10 casos de agresiones y obstrucciones al trabajo periodístico.
Casos de violaciones a la libertad de expresión en julio
Espacio Público documentó que el 3 de julio la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre del canal zuliano Telecolor, acción ejecutada con respaldo militar. La medida dejó sin empleo a decenas de trabajadores e incomunicada a parte de la población en el occidente del país.
También se reportaron nuevas acciones de criminalización judicial por motivos de libre expresión. Génesis Pabón y Rocío Rodríguez fueron condenadas a 10 años de prisión por presuntamente estampar franelas con la imagen de la caída de una estatua de Hugo Chávez. Igualmente, fue denunciada la detención forzada del estudiante Simón Bolívar Obregón, a manos de hombres encapuchados.
El 25 de julio, el fiscal general Tarek William Saab anunció la detención de Evelin Velásquez, conocida como La hija de Dios, también acusada de “incitación al odio”.
La cobertura periodística del proceso comicial del 27 de julio estuvo fuertemente restringida. En Aragua, Zulia, Lara, Bolívar, Cojedes y Nueva Esparta, los reporteros fueron impedidos de ingresar a los centros de votación, forzados a borrar material, o fotografiados por militares sin justificación legal.
Los días 13 y 14 de julio, los familiares de los periodistas detenidos Víctor Ugas y José Camero exigieron atención médica urgente. Camero fue excarcelado una semana después, el lunes 21, pero con medidas cautelares que incluyen prohibición de salida del país.
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