Ante el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pasar el caso Venezuela a la fase de investigación, el diputado jubilado de la Asamblea Nacional venezolana, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, acompañado del Comité de Víctimas de Deportaciones Forzosas en la frontera colombo – venezolana de agosto de 2015, solicitará a este organismo internacional, la investigación del crimen de persecución, deportaciones y tratos inhumanos, cometidos contra los colombianos y venezolanos en los espacios fronterizos.
En reunión realizada en la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander- Colombia, Walter Márquez expresó que “está debidamente comprobado que se deportaron de manera forzosa más de 24.500 personas, víctimas de los crímenes cometidos, ordenados y encubiertos por Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, presidente de la República, jefe de Estado y director de la política exterior”.
Destacó que solicitarán a la Cancillería y Fiscalía del Ministerio Público de Colombia, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la oficina de víctimas de ese organismo, una actuación e investigación inmediata porque el objetivo es que haya justicia en La Haya.
“Llegó el momento en que la diplomacia multilateral, encabezada por la cancillería colombiana exija justicia y reparación para las víctimas de este crimen cometido por el régimen de Nicolás Maduro y su alto gobierno”, destacó Walter Márquez.
Siguen pidiendo justicia
Ana Teresa Castillo, es la directora de organización Deredez, manifestó que en 2015 fueron deportadas más de 24.000 familias, por lo que se han mantenido pidiendo justicia y libertad, ya que fueron violentados los derechos de quienes vivían de lado venezolano, muchos de ellos en calidad de refugiados, al igual que niños que eran venezolanos.
“Siendo hijos de un país que se llama Venezuela también los deportaron en el año 2015 porque eran hijos de padres colombianos, entonces nosotros pedimos justicia y libertad”.
Por su parte, Adriana Barragán, representante legal de la Asociación Unidos por un mismo Fin, que también representa a quienes fueron deportados de Venezuela y eran víctimas del conflicto interno colombiano, le solicita al gobierno de Colombia que asuma la representación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional.
