El diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, solicitó el pasado fin de semana en la ciudad de Cúcuta a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh- de la Organización de Estados Americanos –OEA-, abrir una investigación sobre el prolongado cierre de frontera entre agosto de 20154 hasta la fecha, que ha traído como consecuencia graves violaciones de derechos humanos.
Precisó Márquez, que en reunión con la presidenta de la Cidh y relatora para Venezuela, Esmeralda Arosemena y demás delegados de la comisión, les explicó que con el cierre ha sido violado el derecho al libre tránsito, a la educación, derechos económicos y sociales, y ha con llevado a tratos crueles, inhumanos y degradantes al cerrar totalmente la frontera y al obligar a los ciudadanos venezolanos y colombianos a transitar por las trochas, siendo sometidos a inseguridad personal.
Recordó que desde abril de 2013 cuando se realizaron las elecciones presidenciales entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles Radonsky, se cerró la frontera durante más de 15 días y posteriormente en diciembre de ese año se volvió a cerrar por los comicios de concejales y alcaldes de manera prolongada, injustificada e ilegal, sin haber sido decretado ningún Estado de Excepción.
“Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se cerró de manera nocturna la frontera, y a partir del 19 de agosto de ese año se cerró totalmente la frontera trayendo como consecuencia la deportación forzosa de 1500 colombianos, el desplazamiento forzoso de más de 22 mil colombianos, y la destrucción de 200 viviendas. En septiembre de 2015 vino una comisión de la Cidh a Cúcuta y luego presentó un informe sobre ese tema, pero no se le ha dado continuidad a esa investigación, ni se ha iniciado un trámite ante la Comisión, ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparación e indemnización de las víctimas”, explicó.
Walter Márquez destacó que aunque el gobierno de Nicolás Maduro decretó un Estado de Excepción en agosto de 2015 para el cierre de frontera, de acuerdo a expertos en derecho constitucional y administrativo, es ilegal. Posteriormente ese decreto feneció el 18 de diciembre de 2015 y a partir de esa fecha se mantiene cerrada la frontera por acto de fuerza y abuso de poder, empeorando la situación desde el 23 de febrero de 2019 cuando se intentó el paso de ayuda humanitaria por parte del gobierno interino de Juan Guaidó, cuando instalaron unos container en los puentes internacionales.
Precisó el Presidente de la Fundación El Amparo que con el cierre arbitrario de frontera se está violando el derecho al libre tránsito garantizado en el artículo 50 de la Constitución de la República de Venezuela, el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.