Más de 500 ciudadanos, entre venezolanos y colombianos, estarían desaparecidos en las trochas entre la frontera colombo venezolana, según advirtió este lunes 15 de mayo el presidente de la Fundación El Amparo y director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, quien exhortó a los gobiernos de ambas naciones a ampliar la investigación sobre estos hechos.
Recordó Márquez que la semana pasada el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confesó que en la frontera con Venezuela hay varias fosas comunes y al menos 200 ciudadanos desaparecidos por este grupo irregular colombiano, por lo que a este número el defensor de derechos humanos le suma al menos otros 300 ciudadanos que han desaparecido en trochas desde el año 2015 y de los cuales no hay investigación.
“Son graves las graves denuncias de que hay fosas comunes en San Antonio, Ureña, Boca de Grita, La Fría y San Cristóbal, con más de 200 cadáveres que fueron trasladados a este territorio… Si sumamos a unos 300 desaparecidos que manejan ONG venezolanas de la época de las trochas, con la presencia del hampa común, de disidentes de las Farc y los elenos, del Tren de Aragua, todo eso puede sumar más de 500 víctimas de desaparecidos forzosos, que además de ser un crimen de lesa humanidad, es una gravísima violación de los derechos humanos que amerita una inmediata investigación y una respuesta para los familiares de las víctimas”, expresó.
Márquez exhortó a los gobiernos de Venezuela y Colombia ampliar la Comisión Binacional nombrada para investigar lo declarado por Mancuso, con el objetivo de que exista participación consular, la presencia de familiares de las víctimas, además de funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyas oficinas están en Caracas y Bogotá.
Precisó que entre esa cifra de más de 500 desaparecidos hay migrantes, carretilleros, y ciudadanos que han sido asaltados cruzando las trochas de uno a otro lado de la frontera, en medio de siete años del cierre del paso por los puentes internacionales.
Walter Márquez indicó que no hay una estadística depurada, sino una mezcla de todo, porque en Venezuela y Colombia hay opacidad informativa respecto a los desaparecidos, por lo que insistió en que se requiere ampliar la auditoría de las víctimas a través de sus familiares que son sobrevivientes.
Operativos en frontera
Sobre los operativos de seguridad que iniciaron en la frontera con Colombia por parte del gobierno venezolano, el defensor de derechos humanos manifestó que es fácil decirles a los comerciantes que no hay que pagar vacuna, cuando hay grupos delincuenciales como los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además del Tren de Aragua y el hampa común detrás de ello.
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“Se debe profundizar la inteligencia preventiva en la zona de frontera, no solamente la parte represiva de desplegar tropas, sino hacer trabajos de inteligencia para desmantelar esos grupos irregulares. En la frontera los conocen, los propios organismos de seguridad lo saben, pero no actúan porque muchas veces trabajan en combinación con esos grupos al margen de la ley”.
Márquez destacó que el gobierno por razones ideológicas todo lo califica como paramilitar y no emplea la palabra guerrilla. “Es un elemento ideológico que debe ser sincerado por el propio gobernador Freddy Bernal, porque ahí hay una mezcla, lo que pasa es que los paramilitares es que es paralelo al Estado, entonces dentro del abanico de los paramilitares están Los Rastrojos, el Golfo, el Tren de Aragua, los disidentes de las Farc y los elenos”, dijo.
