Este 15 de enero del presente año, se está cumpliendo un año del asesinato del dirigente opositor al régimen, Oscar Pérez y de la tachirense Lisbeth Ramírez, por lo cual el exparlamentario y defensor de los derechos humanos del país Walter Márquez, emitió una declaración donde insiste en el castigo de los culpables de este crimen, insistiendo también en una investigación trasparente y objetiva por la llamada masacre de El Junquito, ocurrida un 15 de enero de 2018, juicio paralizado en la actualidad donde no se está cumpliendo el debido proceso que contempla, nuestra Constitución Nacional.
El exparlamentario ofreció sus declaraciones, señalando la importancia que se establezca la responsabilidad civil, penal y administrativa del presidente Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y responsabilidad jerárquica del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y del ministro del Interior y Justicia Néstor Reverol, quien estuvo al frente del operativo y en el cual se evidencia en base a 14 videos transmitidos por Oscar Pérez, además de la radiotransmisión de la policía venezolana que actuó en el suceso, realizado entre las 11 y 11,30 de la mañana del 15 de enero, operativo en que Oscar Pérez, Lisbeth Ramírez y demás acompañantes fueron capturados con vida y luego ajusticiados.
Responsabilidades
Agrego Walter Márquez en relación al caso, que luego de transcurrido un año de esa masacre y estar paralizado el caso, va a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la apertura de una investigación para que luego pase el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, a fin que se establezca la responsabilidad del Estado Venezolano.
En Venezuela, añadió el exparlamentario no existe la garantida de un debido proceso, por lo que el año pasado solicitaron ante la Corte Penal Internacional en La Haya, la fiscal general Luisa Ortega Díaz y William Cárdenas Rubio, presidente de la plataforma democrática en España, la apertura de una investigación, para que se establezcan las responsabilidades personales y penales del Presidente de la República y los diferentes mandos que actuaron en la masacre de El Junquito, además del mayor de la Guardia Nacional, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, quien dirigió el operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales -Faes, la cual a juicio del parlamentario tachirense y defensor de los derechos humanos, “se ha comportado como un escuadrón de la muerte, como un comando del crimen, que ha utilizado el régimen no solo para reprimir las protesta populares, sino ahora para ajusticiar a opositores, como el caso de Oscar Pérez y acompañantes.
Recordó Walter Márquez que consignó un escrito en marzo de 2018 en Bogotá ante el integrante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA Francisco Eguiguren, sobre la masacre de El Junquito en la que fueron asesinadas siete personas, entre ellos Óscar Pérez y la tachirense Lisbeth Ramírez, cuyos familiares le solicitaron la búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional, por lo que esta semana requerirá a la CIDH que abran una averiguación por la responsabilidad del Estado venezolano sobre esta masacre.
En el caso de Lisbeth Ramírez es mucho más grave –resaltó Márquez, porque ella además de no ser combatiente, estaba desarmada y se habían rendido todos y luego aparecieron ajusticiados, indicando que se cometió una ejecución extrajudicial, es decir, estamos en presencia de una gravísima violación de los Tratados de Ginebra en materia de tratamiento de prisioneros o rendidos, lo cual no solo viola el derecho internacional sino el derecho nacional, la Constitución de la República, en su artículo 55 por cuanto hubo un uso desproporcional de la Fuerza, 500 hombres, 15 granadas y 20 cohetes, una tanqueta, dos blindados y un helicóptero, una capacidad de fuego indudablemente superior a quienes acompañaban a Óscar Pérez y su grupo.
Igualmente expresó Walter Márquez que a nivel internacional el Estado venezolano violó el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y a nivel nacional actuó contrario a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional, y otra serie de normas, incluyendo el Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que desaparecieron pruebas fundamentales al alterar y destruir el escenario del crimen, en otras palabras “estamos en presencia de un caso bochornoso que compromete moral, política y penalmente a Nicolás Maduro y al equipo de su alto gobierno”, preciso Walter Márquez.