Se ha tejido una serie de comentarios acerca de la visita del Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la decisión que tomó en relación al asunto que se lleva bajo el título de Venezuela I en esa instancia de la justicia supranacional.
Opiniones pesimistas precisan que fue una burla al pueblo venezolano los anuncios del Fiscal o que aún cuando tiene alguna importancia no pasará de perderse en la jungla de retardos propios de esa oficina.
Por otro lado los optimistas (obviamente no oficialista) dicen que ahora sí se verá a los criminales del régimen detrás de las rejas y que prontamente se dictará una orden de captura en contra del Presidente usurpados.
Bueno, ni calvo ni con dos pelucas.
Una visión objetiva de los hechos nos indica que en primer lugar el Fiscal Khan encargado de su alto destino hará cuestión de unos tres meses, ya pidió abrir una averiguación formal ante la Sala de Asuntos previos de la CPI, iniciativa que no tomó la Fiscal que sustituyó en años. Se puede decir, sin equivocarnos, que ya hay una averiguación en la instancia internacional debido a los claros indicios de la comisión de delitos de lesa humanidad. Creemos que quien opine que esto no es positivo tiene una opinión sesgada y prejuiciosa del asunto.
Otros dicen que el principio de complementariedad que se activa ante el hecho de que el Poder Judicial del país no pueda o no quiera investigar los hechos criminales, significa que el Fiscal de la CPI y el Fiscal de Venezuela tendrán que trabajar en colaboración para comprobar los elementos de convicción acerca de los hechos cometidos y la identificación de sus autores y que esto llevará la averiguación a su fracaso, en complicidad con los tribunales del país.
Es cierto que la complementariedad significa que la justicia internacional complementa la justicia nacional, pero esto tiene un límite al evidenciarse que la actitud de las autoridades venezolanas no son sinceras en sus propósitos, cosa que no dudamos pues es difícil ver al Presidente Maduro, a sus Ministros y altos funcionarios policiales aceptar ser investigados personalmente y esperar en prisión la decisión, como lo hizo estoicamente Carlos Andrés Pérez con su talante democrático respetuoso del Estado de Derecho.
Ya escribimos anteriormente que la responsabilidad penal de los jefes y superiores de los funcionarios que cometan delitos, está fijada en el Estatuto de Roma, cuando esos superiores no ejerzan el debido control. Eso está evidenciado en las investigaciones previas, así como que los jueces venezolanos son cómplice de las violaciones de Derechos Humanos. Y eso es conclusión de los informes de las comisiones de la ONU que han visitado Venezuela.
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Por lo anterior no dudamos que más temprano que tarde la justicia internacional se librará del fardo que significa las corruptas instituciones del país y que tomará las medidas pertinentes para que haya una solución equitativa del caso Venezuela I.
Pero más allá de lo estrictamente jurídico, el paso que ha dado el Fiscal Karin Kan comporta un importante valor político, porque su decisión se une, en el contexto internacional, el sometimiento a la justicia de Estados Unidos de Alex Sabb y Hugo Carvajal, lo cual c constituye en su conjunto una presión grave sobre un gobierno que además de las violaciones a los Derechos Humanos, está señalado de ser ilegitimo porque fue electo fuera de la legalidad constitucional.
Así tenemos que no solamente es la Corte Penal Internacional la que tiene puestos los ojos en Venezuela, es la comunidad democrática de América y Europa la que busca una salida pacífica y democrática al drama que vivimos, indudablemente que la presión de la justicia internacional colabora grandemente para lograr esta salida.
Esperemos. Y esperemos con esperanza que la justicia es lenta pero siempre alcanza a los criminales.
