Por Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
En nuestros últimos artículos en los cuales el recuerdo del doctor Ambrosio Oropeza estuvo presente, señalamos la manera como las Constitución de 1961 estuvo imbuida del saber sociológico y en esta entrega queremos hacer breves reflexiones sobre este mismo tema.
El Derecho es un producto social que conforma la superestructura valorativa y programática de cada país. A esta aproximación conceptual de tipo sociológico pudiéramos agregar que esta ciencia se inspira en paradigmas universales de justicia pero toma las particularidades de cada nación en tanto sus legisladores formalizan en leyes costumbres y procedimientos sociales que consideran elementos constitutivos de su idiosincrasia y funcionan como instrumentos del bienestar colectivo.
Creímos necesaria esta introducción para explicar la manera como el régimen comunista, de manera gradual y progresiva, creó un sistema de justicia adecuado a sus intereses hegemónicos, con base a una plataforma legal que subordinó los principios esenciales de la Ética a normas negadoras de la justicia pero con anclaje en la forma cono una mayoría ciudadana percibe la interrelación del Estado con el individuo.
El que el Estado Venezolano haya asumido una responsabilidad de protección social al pueblo se establece en la Constitución de 1936, bajo la Presidencia de Eleazar López Contreras, quien según el escritor Mariano Picón Salas, es quien hace entrar a nuestro país al siglo 20, luego del militarismo del siglo 19 que se extendió hasta la muerte de Juan Vicente Gómez.
Instaurada así una Democracia que tenía como fundamento una Constitución Social de Derecho, se inician procesos políticos signados por elevar el nivel de vida ciudadano a partir de las cosmovisiones ideológicas desarrolladas en Europa y que a partir de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en ejes doctrinarios sobre los cuales nacieron, se organizaron y prosperaron los partidos políticos que marcaron la historia desde 1928 hasta el advenimiento de Hugo Chávez al poder.
Durante los tres primeros periodos de la Democracia instalada en 1958 y bajo la tutela legal de la Constitución de 1961 el país vivió un crecimiento discreto pero sostenido de su Producto Interno Bruto, con una inflación moderada y un gasto publico ajustado a una contabilidad responsable, pero no obstante se comienza a incubar la practica partidista de convertir el ejercicio del poder en un instrumento para mantener logísticamente a etas organizaciones políticas y con este mecanismo clientelar apuntalaron un sistema de intermediación entre el Estado y el ciudadano que se convirtió en un vicio criticado pero colectivamente aceptado. De alguna o muchas maneras los dirigentes partidistas excusaron estos procedimientos populistas en el espíritu constitucional de 1836 y que siempre fue mantenido en las Constituciones posteriores en pocas palabras, el Pueblo Tiene Derecho.
Con base a estas costumbres ilegales pero asumidas como norma operativa de consentimiento popular, llegamos a 1998, luego de una crisis económica grave que llevó a restricciones fuertes y que puso al populismo en cuarentena. En ese año se inicia un proceso de formalización legal de todas esas costumbres que hicieron colapsar al Estado Paternalista. Allí empieza el calvario que tenía y tiene como propósito controlar al país mediante una legalidad contraria a la libertad, a la creación de riqueza y a la posibilidad de tener instituciones democráticas que garanticen el cumplimiento de los dogmas constitucionales que aun siguen vigentes, aun cuando no sabemos hasta cuándo.
Vemos entonces como el conjunto de leyes que han creado consejos comunales, al carnet de la patria, el sistema Clap y el resto de deformaciones orgánicas con los cuales el régimen aplica el control social, nacieron del vicio populista, el cual de hijito bandido que los partidos querían ocultar del escrutinio público, se convirtió en un monstruo implacable que devoró nuestra Democracia hasta sus cimientos-
10 agosto, 2023
Fuente: El Impulso
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