Tijuana (México), 5 ago (EFE).- La violencia del crimen organizado ya no solo expulsa a comunidades de sus lugares de origen, sino que las lleva hasta la frontera norte de México, donde buscan protección tras sufrir en sus comunidades amenazas, homicidios, ataques armados y despojos de sus tierras por grupos criminales.
Es el caso de dos familias, de origen náhuatl, quienes huyeron de la comunidad indígena de Teticic, en la Montaña Alta de Guerrero, pues, aseguran, vivían con miedo tras haber presenciado el asesinato de algunos de sus seres queridos.
Un total de trece personas fueron trasladadas primero a Ciudad de México y posteriormente a Tijuana en un avión del Ejército mexicano, luego de que las autoridades consideraran que viajar por carretera representaba un riesgo para su seguridad.
Su llegada refleja una dimensión cada vez más visible del desplazamiento interno forzado en México: personas que abandonan sus comunidades para salvar la vida y terminan recorriendo más de 2.000 kilómetros hasta ciudades fronterizas donde buscan protección e incluso contemplan solicitar asilo en Estados Unidos.
«Tenemos mucho miedo. Nos están buscando», relató una de las mujeres desplazadas, quien pidió resguardar su identidad y afirmó que las amenazas comenzaron después del asesinato de varios integrantes de su familia.
Las familias permanecen en el Albergue Ágape, un refugio que tradicionalmente recibe a migrantes extranjeros, pero que en esta ocasión abrió sus puertas a mexicanos desplazados por la violencia.
El director del albergue, Albert Rivera, aseguró que estas familias forman parte de un éxodo mucho mayor y estimó que alrededor de 500 habitantes han abandonado la comunidad de Teticic por la inseguridad.
Los testimonios coinciden en que la violencia se intensificó con asesinatos, amenazas y ataques contra viviendas, mientras grupos criminales buscaban controlar el territorio.
Uno de los desplazados narró que su padre y dos sobrinos desaparecieron después de acudir a un terreno familiar. Horas antes, recordó, drones habían sobrevolado la vivienda.
«Uno no anda metido en nada (malo)», dijo al explicar que inicialmente pensaron que los aparatos únicamente grababan las casas.
Rivera afirmó que varios habitantes también denunciaron incendios y ataques armados contra sus viviendas.
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«Los bombardearon con drones», sostuvo al describir la situación que enfrentó la comunidad antes del desplazamiento.
Según el responsable del refugio, algunos de los afectados poseían alrededor de 800 hectáreas y las amenazas buscaban obligarlos a abandonar sus tierras, un patrón que, afirmó, combina homicidios, intimidación y despojo de propiedades para facilitar el control territorial por parte de grupos criminales.
El uso de drones por organizaciones delictivas para labores de vigilancia y ataques ha sido documentado en distintas regiones de México, particularmente en estados donde existe disputa entre grupos criminales, aunque cada caso requiere investigaciones para determinar a los responsables.
Guerrero es uno de los estados más afectados por la violencia ligada al crimen organizado y, en regiones como la Montaña Alta, las comunidades indígenas han denunciado durante años enfrentamientos, extorsiones y desplazamientos forzados derivados de la disputa por el control territorial.
Ahora, el destino de estas familias es incierto. Mientras algunas buscan permanecer en México bajo medidas de protección, otras consideran solicitar refugio en Estados Unidos.
«Queremos protección», resumió uno de los desplazados.
Su historia evidencia cómo el desplazamiento interno provocado por la violencia ya no termina en otra comunidad o en otra ciudad del país, sino que alcanza la frontera norte, donde los albergues comienzan a recibir a mexicanos que huyen de organizaciones criminales igual que miles de migrantes extranjeros que escapan de la violencia en sus países de origen.
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