Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, asistirá mañana jueves a una vista ante el juez Alvin Hellerstein, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y su defensa pedirá que se le conceda la libertad bajo fianza y sea trasladada a arresto domiciliario, tras alegar un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca.
Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
Según los últimos escritos remitidos al magistrado por su equipo legal, la salud de Flores se ha agravado notablemente durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.
Entre sus alegatos clínicos, la defensa sostiene que Flores ha sufrido taquicardia ventricular, episodios de intensa opresión torácica, una pérdida de más de diez kilos de peso y de dos piezas dentales, además de no haber recibido el tratamiento inyectable periódico que controlaba un prolapso de la válvula mitral.
Aunque los médicos de la prisión han recomendado practicarle un cateterismo cardíaco, Flores ha pospuesto someterse a este procedimiento invasivo hasta contar con las garantías de una recuperación posoperatoria adecuada fuera de las instalaciones penitenciarias.
Por su parte, la Fiscalía de Estados Unidos se opone con firmeza a cualquier medida de excarcelación. Los fiscales sostienen que Flores ha creado una dificultad médica al rechazar los diagnósticos sugeridos y argumentan que representa un riesgo de fuga extremo debido a sus conexiones, su falta de estatus o lazos en EE.UU. y la presunta disponibilidad de recursos económicos.
Asimismo, la Fiscalía alega que su liberación implicaría un peligro para la seguridad pública, ante la posibilidad de que intente comunicarse con colaboradores en Venezuela o intervenir sobre testigos del caso.
Frente a la tesis de la Fiscalía, la defensa asegura que Flores carece de fondos propios y propone un estricto paquete de seguridad privada financiado por el Estado venezolano, vigilancia mediante brazalete GPS, monitoreo de comunicaciones intervenidas y visitas restringidas en una residencia en Nueva York cuya dirección se presentó bajo reserva al tribunal.
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Flores y Maduro enfrentan acusaciones federales por delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de armas. Flores está acusada de conspiración para importar cocaína y de delitos relacionados con armas, mientras que Maduro afronta además un cargo de conspiración de narcoterrorismo.
Mientras el proceso general y los reclamos de inmunidad soberana tienen vista prevista para noviembre y el juicio para junio de 2027, la sesión de este jueves se centrará exclusivamente en decidir si Flores continuará en el penal de Brooklyn o esperará el juicio en arresto domiciliario.
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