Caracas, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes los cuestionamientos a su ley para «la defensa» del Esequibo -el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana- por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a cuyo secretario general, Luis Almagro, llamó «impresentable».
A través de X, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Almagro de «cuestionar los actos soberanos de Venezuela», nación que «reitera su posición antiimperialista, soberana e independiente».
Describió al secretario de la OEA como «un personaje gris, oportunista y reptil de las líneas del imperialismo norteamericano que pasó a la historia como un fiasco» para América.
Con este mensaje, Padrino López respondió a una publicación de Almagro, quien compartió un comunicado de la organización en el que calificó de «fascista» la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro, con la intención de dar un marco legal a los planes de Venezuela de anexionarse esta zona rica en petróleo.
«Esta ley pone en riesgo la seguridad no solamente de Guyana, sino también la paz y seguridad hemisférica», apuntó la OEA.
La ley venezolana fue aprobada en marzo por el Parlamento -de amplia mayoría oficialista- y promulgada la semana pasada.
Para Guyana, se trata de «una flagrante violación de los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas», una visión que hoy compartió la OEA.
«Es absolutamente contraria a los más elementales principios del derecho internacional y reafirma una vez más el patrón dictatorial de quien detenta el poder en Venezuela», apuntó el organismo con sede en Washington.
La «utilización combinada de la represión interna con la postura agresiva del régimen hacía la República Cooperativa de Guyana» es «un nuevo hito en la espiral infinita de pobreza moral y política del régimen venezolano», añadió.
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Este lunes, una delegación de Venezuela, encabezada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -que se declaró competente para decidir al respecto- para defender «la verdad histórica» de su país y entregar «evidencias» de su titularidad sobre la zona disputada.
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