Caracas, 11 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela rechazó, en «los términos más enérgicos», la prórroga por dos años aprobada este viernes del trabajo de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU, que denunció recientemente que el Estado venezolano ha intensificado «la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión».
En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro expresó que esta «despreciable» y «vergonzosa» misión es «una muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, que se han convertido en instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y Gobiernos soberanos».
Asimismo, prosiguió, son «incapaces de abordar las verdaderas acciones de lesa humanidad, como el genocidio en Palestina y el bombardeo de civiles en el Líbano aplicado por el Estado de Israel, apoyado por Gobiernos que hoy pretenden atacar» al oficialismo venezolano desde un «secuestrado consejo de derechos humanos».
El país caribeño agregó que «ha demostrado» tener un «fortalecido compromiso con los derechos humanos, mucho más sólido que la mayoría de los Gobiernos que hoy promueven su instrumentalización para revertir los avances del proceso político de la democracia revolucionaria venezolana».
La resolución que establece la prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones, en la última jornada de la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La misión, creada en 2019 y cuya labor es investigar presuntas violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y la completan los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina).
La resolución insta a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión, así como con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación local en Venezuela fue expulsada el pasado febrero.
El texto lamenta profundamente aquella decisión y también expresa alarma por «el agravamiento de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos y el aumento de las restricciones del espacio cívico y democrático», en especial en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
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