Caracas, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este viernes que limpiará unas 600 playas del Lago de Maracaibo, el más grande del país, debido a la contaminación acumulada, entre otras cosas, por los derrames de petróleo, la confluencia de desechos y la proliferación de una bacteria llamada verdín.
En una nota de prensa, el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) explicó que representantes del Ejecutivo se han reunido con pescadores y comunidades que viven en las orillas del estuario para incluirlos en el plan de «recuperación y saneamiento».
El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, señaló que los trabajos comenzarán con un plan de identificación de las playas afectadas, las cuales se encuentran distribuidas entre los tres principales puertos del lago.
«Es un trabajo que va a durar y que tomará tiempo, estamos hablando de 600 playas que queremos identificar, en las que se va a saber también cualquier afectación o foco de contaminación (…) no es un trabajo que vaya a ser sencillo, no solo van a participar equipos (locales), sino que va a haber grupos adicionales para ayudar», dijo, citado en el escrito.
Agregó que dispondrán de un equipo nacional para apoyar en las labores de diagnóstico del problema, cuya participación «dependerá de la magnitud» de la contaminación con que se encuentren, algo que, augura, será mayor en algunas áreas.
Por su parte, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, indicó que hoy llega al estado Zulia, donde se ubica el Lago de Maracaibo, un equipo de 20 expertos en «calidad ambiental e inspecciones para comenzar con el proceso de fiscalización de todas las empresas» que operan en el estuario.
«El Gobierno entero y todas sus organizaciones están aquí y seguirán buscando soluciones y ejecutándolas», concluyó.
El miércoles, el Ejecutivo aseguró que endurecerá la fiscalización a las industrias que operan en el Lago de Maracaibo, sin mencionar a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la principal compañía de esta zona y la responsable de numerosas fugas de crudo.
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La cartera de Ambiente, junto a la Universidad del Zulia y otras instituciones, acordaron crear una comisión permanente para «continuar el monitoreo integral» del estuario y comenzar a dar forma a una «normativa legal que regule los valores de concentración de materia orgánica y nutrientes» que van a parar al lago.
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