Caracas, 7 may (EFE).- El Gobierno venezolano aseguró este viernes que el caso que estudia la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad fue «creado artificialmente» a través de las redes sociales.
En una declaración sin preguntas, la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez anunció que han presentado ante la CPI un «estudio de ‘big data’ de expertos independientes que hicieron un referente, se metieron a profundidad (…) en el análisis de redes sociales y cómo desde las redes se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional».
Todo ello lo calificó como un «ardid comunicacional que se fundó y se basó en las redes sociales» para construir «falsamente un caso contra Venezuela».
UN ESTUDIO QUE ANALIZÓ 15 MILLONES DE TUITS
El estudio presentado por esos expertos, cuyos nombres o afiliación no desveló, examinó más de 15,3 millones de tuits «con más de 1,4 millones de avatares», es decir, fotos de perfil, «y más de 31 millones de interacciones».
«La conclusión ha sido que existe un núcleo muy pequeño de perfiles en Twitter que ha creado, a través de los bots, es decir el uso de robots, la tecnología para amplificar esas opiniones falsas», añadió sin detallar a qué opiniones se refiere.
También denunció el uso de «trols» (alborotadores), todo ello con el fin de buscar «el linchamiento de personalidades y de la imagen de un país» a través de lo que consideró como «mecanismos fraudulentos».
«Se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela», aseguró la vicepresidenta.
El caso al que se refiere se remonta a febrero de 2018, cuando la CPI abrió un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
Por ello, el máximo tribunal solicitó a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.
La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, da carpetazo al asunto.
POCOS USUARIOS, MUCHAS CONEXIONES
Según Rodríguez, el estudio que presentaron ante la CPI muestran que una «pequeña cantidad de usuarios» genera «muchas interconexiones a través de estos mecanismos tecnológicos fraudulentos» que utilizan para amplificar «opiniones, falsas realidades y matrices que pretenden imponer contra Venezuela».
«Allí está el mecanismo tecnológico, el papel de las redes sociales, cómo amplifican, crean opiniones, artificialmente tendencias, con el objetivo de influir en quienes tienen que tomar una decisión en la CPI, un caso creado artificialmente», insistió.
A su juicio, el caso «no tiene sustento en la realidad y buscan incidir justamente en los decisores de estos organismos».
La vicepresidenta prosiguió en su explicación del informe, aclarando que «se analizaron 480 fuentes abiertas», de las que el 61 % corresponden a medios de comunicación verificados y un 27 % corresponde a las redes sociales.
Ese porcentaje, reconoció que supone «un número minoritario pero el poder frente a ese 61 % es estruendoso» y por tanto «el impacto que tiene es muchísimo mayor».
Los expertos no desvelados tomaron una muestra de 98 tuits «e hicieron un análisis», cuyo resultado es que, en ese casi centenar de mensajes, «solamente el 4 % de los tuits de opinión eran avalados por alguna información».
Por todo ello, concluyó que presentan este estudio ante la CPI «para que no se dé un paso en falso» y que en esa institución «sepan que están haciendo un examen preliminar basado en falsedades, basado en mentiras y matrices construidas a través del Twitter».
Lea también
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal.
