La dolarización vuelve a ocupar el centro del debate económico. Dolarizar oficialmente la economía fue una idea impulsada por el diputado Antonio Ecarrí, quien había anunciado conversaciones con el economista estadounidense Steve Hanke, para evaluar un proyecto de dolarización. La reacción fue contundente: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó la iniciativa de “absurda” y la desestimo.
En realidad, Venezuela lleva años viviendo una dolarización informal provocada, en buena medida, por el fracaso de su propia moneda. El bolívar no fue sustituido de un día para otro. Fue pulverizado gradualmente. En 2008, el gobierno de Hugo Chávez eliminó tres ceros y creó el llamado bolívar fuerte. Apenas una década después, en 2018, la hiperinflación obligó a eliminar cinco ceros más y crear el bolívar soberano. En 2021 se eliminaron otros seis ceros con la introducción del bolívar digital. En total, las reconversiones de 2008, 2018 y 2021 retiraron 14 ceros a la moneda.
Pero quitar ceros no crea valor. Solo cambia la manera de escribirlo y disimula el precipicio. El problema de fondo fue la pérdida de confianza. Durante años, los controles cambiarios, la emisión monetaria, los déficits fiscales y la caída de los ingresos petroleros alimentaron una brecha creciente entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. El mercado negro del dólar terminó funcionando como un mecanismo alternativo para determinar el verdadero valor de la moneda. El propio Fondo Monetario Internacional ha documentado cómo la inflación venezolana y la depreciación del tipo de cambio estuvieron estrechamente vinculadas.
Para 2018 ya era evidente la dolarización de facto. Hoy Venezuela funciona como una economía bimonetaria, aunque el bolívar continúa siendo la moneda oficial. La pregunta, por tanto, no es simplemente si Venezuela debe dolarizarse. Es si debe formalizar una realidad que ya existe.
Los argumentos a favor son poderosos. Una dolarización plena eliminaría el riesgo de nuevas devaluaciones y reduciría drásticamente la capacidad del gobierno de financiar déficits mediante emisión monetaria. También podría disminuir la inflación, facilitar la planificación empresarial, reducir los costos de transacción y recuperar parte de la confianza perdida. Para una población que ha visto desaparecer sus ahorros varias veces, la estabilidad de una moneda fuerte tendría un valor económico y psicológico enorme.
Pero dolarizar no equivale a reconstruir la economía. El principal costo sería renunciar a una política monetaria propia. Venezuela ya no podría devaluar su moneda para absorber determinados shocks ni utilizar las tasas de interés o la emisión monetaria como instrumentos de política económica. Tampoco tendría un banco central capaz de actuar como prestamista de última instancia de la misma manera que un país con moneda propia.
Existe además una cuestión de competitividad. Si el dólar se fortalece frente a otras monedas, los productos venezolanos no petroleros podrían encarecerse internacionalmente. Esa preocupación ha sido planteada por economistas venezolanos que consideran que la dolarización podría dificultar la diversificación productiva.
También hay una dimensión política que no debería minimizarse. El bolívar representa soberanía monetaria, pero una moneda nacional sin credibilidad puede convertirse en una herramienta de empobrecimiento, como ya lo hemos vivido.
La verdadera independencia económica no consiste necesariamente en imprimir una moneda propia. Consiste en tener instituciones capaces de proteger el valor del dinero, controlar el gasto público, garantizar contratos y generar confianza.
Por eso, el argumento más sólido no debería ser “dólar sí” contra “bolívar no”. Debería ser: ¿qué régimen monetario ofrece mayores posibilidades de estabilidad, crecimiento y protección para los venezolanos?
Formalizar la dolarización podría ser viable si se hace como parte de una reforma mucho más amplia: disciplina fiscal, independencia institucional, transparencia del Banco Central, saneamiento del sistema financiero, seguridad jurídica, apertura a la inversión y recuperación de la producción petrolera y no petrolera. Sin esas condiciones, cambiar el signo monetario terminará por ser otro gesto vacío.
Venezuela ya hizo el experimento de defender el bolívar a cualquier costo. El resultado fue una moneda que perdió su función como reserva de valor y que hoy sobrevive junto al dólar por razones más legales que económicas.
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La prioridad debería ser recuperar el valor del trabajo y del ahorro de los venezolanos. Si eso se consigue con un bolívar reformado y blindado institucionalmente, será una victoria nacional. Si la única alternativa creíble es adoptar el dólar, también debería poder discutirse sin tabúes.
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