Buenos Aires, 17 sep (EFE).- Docentes y alumnos de las universidades nacionales argentinas se movilizarán este miércoles en todo el país en defensa de la educación pública, mientras se prevé que en el Congreso se debata el rechazo al veto del presidente, Javier Milei, a una ley que dispone más recursos para el sector.
Los universitarios se unirán a trabajadores del sector de la salud y jubilados, y el epicentro de la protesta en Buenos Aires será el Parlamento, para presionar a los diputados a rechazar el veto a la ley de financiamiento universitario.
A la movilización, programada para las 15 hora local (18:00 GMT), se sumarán también columnas de partidos políticos de la oposición y miembros de las dos centrales obreras más importantes del país, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, desplegó desde las primeras horas de la mañana un gran operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, con vallados y cientos de efectivos de las cinco fuerzas federales.
Bullrich puso en duda la masividad de la marcha y dijo que el operativo de seguridad busca «cuidar a las instituciones», en una entrevista este miércoles a Infobae. La ministra advirtió también que las fuerzas de seguridad intervendrán si los manifestantes recurren a la violencia.
El Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires comentó a EFE: «Es fundamental expresar en las calles lo que ya se expresó en las urnas también: el rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno».
Desde las 7:00 hora local (10:00 GMT), médicos y personal sanitario del Hospital Garrahan, el centro pediátrico más importante de Argentina, iniciaron un paro de veinticuatro horas con guardias mínimas, en protesta contra el veto a la ley de emergencia pediátrica.
«Sabemos que no estamos solos, que nos acompaña la sociedad. Esta ley tiene el consenso social y hay un mandato para que los diputados voten bien”, sostuvo a los medios locales, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT).
La ley de financiamiento universitario, aprobada en el Congreso el 21 de agosto y vetada por decreto el pasado miércoles bajo el argumento de que conspira contra el superávit fiscal, establece que los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación deben actualizarse automáticamente de acuerdo con la inflación.
Tras la derrota electoral del oficialismo en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, Milei presentó el lunes el Presupuesto 2026 y prometió destinar el 85 % del gasto a educación, salud y jubilaciones.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) remarcó -en un comunicado- que los 4,8 billones de pesos (unos 3.200 millones de dólares) anunciados para el sector, «quedan muy lejos de los 7,3 billones (unos 4.900 millones de dólares) necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema».
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