San José, 29 oct (EFE).- La población rural de América Latina y el Caribe sufre una profunda brecha digital, agravada por la recesión provocada por la pandemia de la covid-19, ya que su porcentaje de conectividad tan solo es del 36,8%, indica un informe desvelado este jueves.
Frente a un 71% de servicios de conectividad global en los habitantes del área urbana, se vislumbra «un largo recorrido para lograr condiciones de paridad» entre ambos ámbitos, según un estudio promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica, y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft, que se presenta hoy en un evento virtual.
El documento, al que ha tenido acceso Efe, refleja que casi un tercio de la población de la región no tiene acceso digital y vislumbra «un largo recorrido para lograr condiciones de paridad» con el ámbito urbano, lo que además afecta al desarrollo económico y laboral en el caso concreto del sector agroalimentario.
Con el título «Conectividad rural en América Latina y el Caribe. Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia» el trabajo ahonda asimismo en la brecha de género que afecta a las mujeres rurales.
También revisa el tema de la equidad educativa entre la ciudad y el mundo rural en el uso de la tecnología digital y se fija en las buenas prácticas para el desarrollo de la agricultura mediante la incorporación de tecnologías.
En este sentido, cita un diálogo entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, y el director general del IICA, Manuel Otero, en el que el primero remarca el papel fundamental de la digitalización en el futuro de la agricultura, como pilar esencial de la sociedad.
Refleja, además, que la situación de la conectividad es heterogénea entre los países y dentro de ellos, con la población rural, las mujeres y los más desfavorecidos económicamente aún en mayores condiciones de desventaja en una situación de confinamiento en la que es imprescindible la conexión digital para acceder a servicios sanitarios y educativos o poder teletrabajar.
El documento por ello reitera «la importancia estratégica de la infraestructura digital» como un catalizador para el desarrollo, ya «la extensión de la conectividad rural contribuye directamente al desarrollo sostenible».
Así se resalta en el prefacio, suscrito por el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, y por los gerentes del Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Marcelo Cabrol; del Sector Instituciones para el Desarrollo, Moisés Schwartz Rosenthal; y del Sector Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Juan Pablo Bonilla.
Lea también
Los autores del estudio son la profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Argentina, Sandra Ziegler; el consultor Matías Bosio, y la investigadora y docente en la Universidad de Costa Rica Kemly Camacho.
El estudio del IICA, BID y Microsoft refleja además que hay problema de coste y calidad de las conexiones a internet, que la mitad de los países de la región no tienen agendas digitales o estrategias de ciberseguridad y que faltan dispositivos de acceso: en el caso de los teléfonos inteligentes el acceso llega al 69% y en el de los ordenadores, al 65,7%.
Los expertos hacen hincapié, además, en que los datos sobre conectividad, especialmente en el medio rural, son escasos, lo que influye en la posibilidad de medir la brecha digital y apoyar con esas cifras «la formulación de políticas públicas en la materia».
Respecto a los factores que dificultan la expansión digital, señalan desde los de infraestructura (transporte y electricidad, por ejemplo) hasta los elevados costes de inversión de las operadoras o la falta de un marco legislativo actualizado.
Por ello, incluyen en el texto recomendaciones que se sustentan sobre la base de que las tecnologías digitales y su difusión son fundamentales para el futuro de la producción agrícola y de que son necesarias políticas públicas que «aborden específicamente la situación de la brecha de la conectividad rural en América Latina y el Caribe», sobre datos estadísticos específicos.
