Una Política Nueva III | Por Eduardo Fernández

La nueva política que proponemos entiende la política y el poder como instrumentos al servicio del bien común, de la gente, de los ciudadanos.

Ya establecimos una primera diferencia entre la vieja y la nueva política. Para la vieja, la política es una lucha por el poder. Los que lo tienen (el poder) para aferrarse a él. Los que no lo tienen para alcanzarlo. En esa lucha por el poder todo está permitido.

La nueva política que proponemos entiende la política y el poder como instrumentos al servicio del bien común, de la gente, de los ciudadanos.

En la vieja política se habla de enemigos. Enemigos a quienes hay que exterminar, en un juego suma cero. Si yo gano, tú estás muerto y si tú ganas, yo estoy muerto.

Para la nueva política la palabra enemigo tiene que desaparecer radicalmente de nuestro vocabulario y de nuestros sentimientos. Cuando más somos adversarios y, perfectamente podríamos encontrar campos de colaboración para servir al bien común, unos desde las alturas del poder y otros desde las filas de la oposición. Sin perder nuestra autonomía, nuestra personalidad, pero conscientes de que estamos en la política para servir al bien común, al bienestar de los ciudadanos.

Acaban de celebrarse elecciones de alcaldes y de gobernadores. A todos les aconsejo que procuren una relación civilizada con sus respectivos órganos legislativos y de control, concejos municipales y concejos legislativos regionales. A todos nos interesa que el gobierno regional o municipal tenga éxito en beneficio del bien común, en beneficio de los ciudadanos.

Pero, además, a los alcaldes, les recomiendo, sean del partido que sean, que tengan buenas relaciones con el gobierno regional, sea del partido que sea ese gobernador. Y a los gobernadores les recomiendo tener buenas relaciones con el gobierno nacional y al gobierno nacional le recomiendo que tengan buenas relaciones, de respeto y de colaboración, con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales, sean del partido que sean.

Es lo que la Constitución Nacional llama el principio de colaboración entre las diferentes ramas de poder público. Cada una de ellas debe ser autónoma e independiente, pero debe prevalecer un espíritu de colaboración entre ellas cuando esté en juego un interés superior: el interés de la gente, del pueblo, de los ciudadanos.