Caracas, 4 abr (EFE).- En Venezuela, donde más del 50 % de los pagos se hacen en divisas, se empezó a aplicar un nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que grava, hasta con un 20 %, los pagos en moneda extranjera, sin que la mayoría de los comerciantes sepan cómo proceder ni tengan medios para cumplir con la orden del Ejecutivo.
El IGTF afecta, según la Gaceta Oficial, a «las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela».
Pero el desconocimiento y la falta de información, sumados a que los sistemas de cobro no están adaptados para dar cumplimiento a la nueva norma, han llevado a algunos establecimientos a suspender, temporalmente, el cobro en divisas.
Una cadena nacional de comida rápida difundió un comunicado para informar a sus clientes que se vio imposibilitada, «momentáneamente, para recibir pagos en divisas».
La justificación fue que se encontraba «en la fase final de adaptación y adecuación de todos» sus sistemas, a fin de «dar fiel cumplimiento a la referida norma».
Asimismo, la administración del estacionamiento privado de un centro comercial en Caracas informó a sus clientes que no estaba aceptando divisas para el pago del ticket.
SIN CAPACIDAD DE RESPUESTA
La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, indicó que el 75 % de los comercios reportó «que no está en capacidad de recibir pagos en divisas porque no ha podido completar el proceso de adaptar sus sistemas al nuevo impuesto».
Según Polesel, las máquinas fiscales de algunas empresas «no están en capacidad de adaptar o modificar su configuración para cobrar el impuesto», por lo que deben cambiar los equipos, que pueden costar «desde 600 hasta más de 1.000 dólares», un gasto difícil de cubrir ante la falta de créditos, por lo que pidió que se suspenda o se prorrogue la orden.
Al menos hasta el 31 de marzo, cadenas nacionales de supermercado, farmacia, ropa, ferreterías y comida, además de otros negocios, aún no habían empezado a cobrar el tributo por no tener sus sistemas actualizados, principalmente porque las compañías de actualización de software «están colapsadas», explicó a Efe el encargado de un restaurante.
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APROVECHAR LA DOLARIZACIÓN
Nicolás Chirinos, gerente de una ferretería de la capital donde todavía no se está aplicando el impuesto, aseguró que las autoridades «tratan de tener control» sobre la dolarización que, si bien no es oficial, se ha extendido a casi todos los negocios.
«El mismo público está preguntando si ya estamos cobrando (el impuesto). De hecho, vino la gente del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) , verificó la máquina fiscal y nos preguntó si ya estábamos claros. Hay gente que está vuelta loca con eso», explicó Chirinos a Efe.
Según la nueva normativa, quienes hagan una transacción en moneda extranjera con la mediación de la banca pagarán entre un 2 % y un 8 %, dependiendo de lo que, a futuro, establezca el Ejecutivo, mientras que a las transacciones en divisas en efectivo, hechas a «sujetos pasivos especiales», se les gravará una alícuota que va del 2 al 20 %.
Pero -aclara la orden- «hasta tanto el Ejecutivo establezca una alícuota distinta», se cobrará el 3 % a todos los pagos hechos en monedas distintas al bolívar.
Diversos expertos económicos sostienen que, con el nuevo tributo a las transacciones en divisas, el Gobierno busca, por un lado, tratar de aprovechar más -de manera legal- la creciente dolarización de las transacciones; y, por el otro, incentivar un mayor uso del bolívar como medio de intercambio en detrimento del dólar.
ESCASEZ DE BOLÍVARES
Los especialistas no ven posible que la medida reviva a la moneda venezolana debido al peso que tiene la divisa en el país caribeño como medio de intercambio y la escasez de bolívares por la restricción fiscal y de créditos que aplica el Ejecutivo.
Para Norexa Contramaestre, aduanera de 71 años, el nuevo impuesto, que lo ve «bastante confuso», representa «un gran problema para el ciudadano común», no solo «porque cuesta alcanzar a los recursos» sino también porque los bolívares, con los que se podría evadir el tributo, «no aparecen».
«Si los recursos que están en el mercado se adquieren con divisas, que es lo que está imperando, y los bolívares no aparecen (son escasos), estamos ahorcados. No tenemos los bolívares, no los conseguimos, y ahora el 3 % para las divisas. Es muy difícil continuar adelante, para la alimentación, medicinas y servicios básicos», dijo a Efe Contramaestre.
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