San José, 5 mar (EFE).- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, instó este martes a terceros países a demandar al Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los delitos de «apatridia, tortura o ejecuciones extrajudiciales».
La colombiana Ángela Buitrago, miembro del grupo de expertos, dijo a EFE que cada uno de los países que ha firmado la Convención de Derechos Humanos puede ejercer «las acciones correspondientes contra el Gobierno de Nicaragua y toda la estructura, dado que ya se ha verificado, en términos razonables, que hay una grave y sistemática violación de derechos humanos que compromete a todas las naciones».
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Buitrago, ha denunciado en sus dos informes que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
«Estos delitos lo que hacen es afectar un derecho universal y, sobre esos supuestos, lo que pueden hacer es iniciar lo mismo que acaba de hacer Nicaragua contra Alemania. Como país, yo puedo ejercer una demanda para decir que efectivamente se están violando los derechos humanos en Nicaragua», argumentó.
El pasado viernes, el Gobierno de Nicaragua demandó a Alemania ante la CIJ, con sede en La Haya, por presuntas violaciones a la Convención de Genocidio durante la guerra de Israel contra el grupo islamista Hamás.
Los delitos de lesa humanidad
Sobre los delitos por los que puede ser demandado Nicaragua ante la justicia internacional, Buitrago mencionó los delitos de la apatridia o tortura, los cuales son de competencia internacional.
«E incluso estamos hablando también del tema de los delitos de ejecución extrajudicial, (que) puede ser un delito concebido como de lesa humanidad y sobre esos supuestos tenemos un gran catálogo de violaciones», afirnó.
La experta dijo que el grupo recomendó a la comunidad internacional activar los mecanismos de protección contra graves violaciones de derechos humanos, que están soportados en todas las convenciones internacionales.
Además recomendó a los demás países, principalmente a los que acogen a nicaragüenses por motivos políticos, a tomar medidas «para ayudar y flexibilizar disposiciones cuando haya personas de Nicaragua que están en condición de grave violación de derechos humanos».
«Este también ha sido un clamor permanente a los países en términos de migración, flexibilización de temas laborales, en temas de educación cuando las personas no pueden demostrar, incluso que cursaron o que son profesionales de cualquier elemento, sin lugar a dudas, los países pueden ayudar mucho a la población nicaragüense», agregó.
La crisis de Nicaragua sigue en agenda
Consultada si la crisis que atraviesa Nicaragua está pasando a un segundo plano por otros conflictos en otras partes del mundo, Buitrago sostuvo que, si bien la situación mundial es compleja, «hay muchísimos focos en donde se está viendo de manera lamentable la grave violación de derechos humanos» en el país centroamericano.
Según el grupo de expertos, el objetivo de Ortega es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía y para eso persigue a opositores o personas percibidas como tales, y perpetra violaciones, abusos y crímenes.
«El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional», indicó el presidente del grupo, Jan Simon, en el informe presentado la semana pasada.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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