Bogotá se vio sacudida ayer por un brutal atentado suicida contra la academia de policía local que dejó once muertos y más de 80 heridos. Un episodio que hizo revivir a los colombianos la tenebrosa ola de violencia sufrida en las décadas del 80’ y 90’ con la guerrilla marxista, los paramilitares y los carteles narcos.
El ataque ocurrió a las 9.30, a pocos minutos de la ceremonia de graduación de un grupo de cadetes, y se utilizó una camioneta cargada con 80 kilos de pentolita, un explosivo considerado como uno de los tres de más alto poder destructor por su velocidad de detonación. Las autoridades identificaron al agresor como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, sin detallar a qué sector respondía.
Hasta el momento se barajan tres posibles autores intelectuales: los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas negociaciones con el gobierno están trabadas; disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y bandas de narcotraficantes de origen paramilitar.
De acuerdo a los datos brindados por las autoridades, Rojas ingresó al predio de la Escuela de Policía General Santander con una camioneta Nissan Patrol y se detuvo en el control de seguridad de la puerta principal. Uno de los perros antiexplosivos detectó la carga y al verse descubierto el conductor aceleró y atropelló a un policía. Tres uniformados siguieron detrás del vehículo, que avanzó a toda velocidad hacia el pabellón de cadetes femeninos, donde estalló.
Algunos investigadores lo toman como un acto suicida, algo inédito en Colombia, aunque otros consideran que no habría sido esa la intención de Rojas Rodríguez. Especulan con el hecho de que haya explotado por un temporizador colocado en la bomba.
“La camioneta llegó, entró a la guardia y estacionó para ingresar. Mientras le hacían el registro el perro identificó el explosivo y apenas se ve el tipo descubierto arrancó con la camioneta y pasó por encima del policía de la guardia, chocó contra el alojamiento y ahí estalló la camioneta. Los tres compañeros que iban detrás también fallecieron”, contó una de las cadetes al Tiempo de Bogotá.
La fiscalía señaló que la camioneta tenía patentes del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, una zona con presencia histórica del ELN, la última guerrilla del país tras el desarme y transformación en partido político de las FARC, en 2017.
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La principal hipótesis apunta, justamente, al ELN. Su cúpula mantiene un difícil diálogo de paz con el gobierno del presidente Iván Duque, pero las negociaciones están en punto muerto desde agosto pasado a raíz de varios ataques explosivos de la guerrilla contra oleoductos en el norte del país y a los secuestros extorsivos que llevan a cabo.
Además, los antecedentes los comprometen: el último atentado reivindicado por el ELN ocurrió en enero del 2018, contra una sede policial en Barranquilla, que dejó cinco uniformados muertos.
En segundo lugar las autoridades sospechan del peligroso “clan Úsuga” y de su jefe, Dairo Antonio Úsuga David -alias “Otoniel”-, quien en varias oportunidades ha intentado utilizar el terrorismo para presionar una salida política a su situación, ya que se halla acorralado por las fuerzas de seguridad colombianas. Otoniel, ex integrante del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el jefe máximo del Clan del Golfo, dedicado al narcotráfico. EE.UU. está ofreciendo una recompensa de 5.000.000 de dólares por su cabeza.
La tercera hipótesis tiene como blanco a disidentes de las FARC, que rechazaron el acuerdo de paz. Sin embargo, los expertos no creen que estos grupos tengan la capacidad para llevar a cabo un golpe de este tipo en la capital del país.
Ayer, Pastor Alape, uno de los ex líderes de las FARC y actual diputado, consideró que el atentado tenía un objetivo claro: “Es una provocación contra la salida política al conflicto. Busca cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN, deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas”, escribió en su cuenta de Twitter.
