Durante años, los venezolanos nos hemos acostumbrado a que para recibir recursos que nos pertenecen tengamos que atravesar una cadena de trámites, plataformas, mensajes y procedimientos que terminan convirtiendo algo tan sencillo como recibir un pago en una fuente adicional de incertidumbre. Ha llegado el momento de preguntarnos por qué aceptamos como normal esta situación.
El Sistema Patria es un ejemplo de esa burocracia que se ha instalado en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La alternativa es clara e impostergable: debemos eliminar ese intermediario para el pago de salarios, pensiones y bonos, y transferir directamente esos recursos a las cuentas bancarias de cada beneficiario.
La pregunta es sencilla: ¿por qué tu pensión o tus bonos tienen que pasar primero por una alcancía virtual llamada Patria antes de llegar a tus manos? Si ese dinero te corresponde, ¿por qué debe pertenecer primero a una plataforma y no estar disponible directamente en tu cuenta bancaria?
No se trata solamente de una discusión tecnológica. Se trata de una discusión sobre dignidad, autonomía y calidad de vida. Para un pensionado, un trabajador, un educador o una familia que depende de un ingreso limitado, cada hora cuenta.
Tener que esperar un mensaje de texto, ingresar a una página que puede presentar dificultades para acceder o aguardar un proceso de transferencia para disponer finalmente del dinero, genera una espera innecesaria y por lo tanto una angustia que no debería formar parte de la vida de ningún ciudadano.
Cuando hablamos de burocracia, muchas veces pensamos en formularios, colas y oficinas. Hoy también debemos hablar de burocracia digital. Una plataforma puede ser digital y, al mismo tiempo, profundamente burocrática si obliga al ciudadano a atravesar pasos innecesarios para acceder a recursos que ya le corresponden por derecho y que deberían estar a su disposición de manera inmediata y automática.
Hay además un elemento económico que no podemos ignorar: la inflación y la pérdida constante del poder adquisitivo. En una economía donde el valor del dinero se deteriora rápidamente, cualquier demora tiene consecuencias. El tiempo que transcurre entre la acreditación de un recurso y su disponibilidad efectiva puede representar una pérdida real en dinero para quien necesita comprar alimentos, medicinas o pagar un servicio.
Por eso señalamos que el Sistema Patria funciona, en la práctica, como un mecanismo de confiscación indirecta. No necesariamente porque desaparezca el dinero, sino porque el ciudadano pierde algo igualmente importante: tiempo, capacidad de decisión y poder adquisitivo mientras sus recursos permanecen atrapados en un sistema intermediario.
El dinero real es el que está disponible en tu cuenta personal, listo para ser utilizado con tu tarjeta de débito en la panadería, en la farmacia, en el supermercado o donde tú decidas. Esa debe ser la regla de cualquier sistema moderno de pagos: que el ciudadano tenga control inmediato sobre sus recursos.
Esta propuesta tampoco requiere crear una estructura complicada. Por el contrario, consiste precisamente en simplificar. Si eres educador, médico, pensionado o trabajador, tu salario, pensión, bono o asignación debe llegar directamente a tu cuenta bancaria. Sin registros paralelos. Sin intermediarios innecesarios. Sin mecanismos que condicionen, compliquen o retrasen tu acceso al dinero que produjiste con tu trabajo.
La banca nacional ya dispone de la plataforma necesaria para realizar transferencias, administrar cuentas y facilitar pagos electrónicos. Entonces, ¿por qué no utilizar esa infraestructura para colocar directamente el dinero en manos de sus verdaderos destinatarios? La discusión de fondo es mucho más amplia. Estamos hablando de qué relación queremos establecer entre el Estado y los ciudadanos. Un Estado eficaz debe facilitar la vida, no hacerla más complicada. Debe garantizar transparencia y eficiencia, no crear obstáculos adicionales.
También debemos recuperar un principio básico: quien trabaja tiene derecho a disponer de su salario; quien ha contribuido durante su vida laboral tiene derecho a recibir su pensión; y quien recibe una asignación social debe poder utilizarla de manera inmediata. Esos recursos no pueden depender de un sistema que coloca una capa adicional entre el ciudadano y su dinero.
Venezuela necesita instituciones que devuelvan confianza. La transparencia comienza también por algo tan elemental como saber cuándo se recibe un pago y tener la certeza de que estará disponible inmediatamente. Los salarios, pensiones y bonos deben llegar directamente a las cuentas bancarias de los venezolanos. No necesitamos más intermediación. Necesitamos más libertad, más transparencia y más eficiencia.
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