Tras anuncios de un proceso de reconfiguración del Poder Judicial, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó la jubilación de ocho magistrados pertenecientes a distintas salas del máximo tribunal, incluyendo a Maikel Moreno, expresidente del organismo, y a Edgar Gavidia, excuñado de Cilia Flores, ambos cercanos al régimen y vinculados a la represión en el país.
La medida coincide con la activación del comité preliminar de postulaciones judiciales por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, con el objetivo de seleccionar nuevos magistrados, reseñó Transparencia Venezuela.
¿Quiénes son los ocho magistrados jubilados por el TSJ?
Una de las figuras más relevantes de la lista es Maikel Moreno, quien encabezó el TSJ entre 2017 y 2021, período marcado por la represión política y la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que asumió funciones legislativas en detrimento del Parlamento electo en 2015.
Durante su gestión, el tribunal avaló decisiones que facilitaron la destitución de alcaldes opositores y respaldó acciones del Ejecutivo. Moreno fue sancionado por Estados Unidos y enfrenta investigaciones por lavado de dinero.
Por su parte, Edgar Gavidia fue señalado por abusos en su desempeño dentro de la jurisdicción civil y social, tras haber desarrollado una carrera política en el oficialismo antes de su llegada al máximo tribunal en 2014.
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La lista de jubilados también incluye a los militares Henry José Timaure y Juan Carlos Hidalgo, ambos incorporados como magistrados principales tras la reforma judicial de 2022. Timaure, general retirado, estuvo vinculado al enjuiciamiento de civiles en tribunales militares durante las protestas de 2017, mientras que Hidalgo ocupó cargos relevantes en la estructura judicial militar.
Asimismo, se acogieron a la jubilación las magistradas Elsa Gómez, presidenta de la Sala de Casación Penal, y Carmen Alves, de la Sala de Casación Civil. La gestión de Gómez fue cuestionada por su vinculación con casos de persecución judicial.
También dejaron sus cargos Malaquías Gil, presidente de la Sala Político Administrativa, conocido por su participación en la inhabilitación política de María Corina Machado en 2024, y Luis Damiani Bustillos, magistrado de la Sala Constitucional.
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