Por Juan Francisco Alonso / Crónica Uno
Caracas. La Cruz Roja Venezolana se convirtió en la madrugada del sábado en la más reciente instancia civil en ser intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con ello pasó a engrosar el variopinto grupo conformado por partidos como Copei, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Patria Para Todos (PPT), Podemos o Tupamaros y gremios como la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela (FBCV), los cuales en los últimos años han visto como el máximo juzgado descabezaba sus directivas y les imponía nuevas autoridades.
La decisión adoptada por la Sala Constitucional, en su sentencia número 1.057, ha provocado revuelo entre juristas y activistas de Derechos Humanos y con sobradas razones, las cuales pasaremos a explicar a continuación.
Las razones
La intervención de la Cruz Roja se produce luego de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello, fustigara en su programa de televisión la actuación del ahora expresidente de la organización humanitaria Mario Villarroel.
“Hay un señor que tiene más de 40 años en el mismo cargo y no hay forma ni manera de que haya elecciones (en la Cruz Roja). Conspira desde allí, ha llegado a controlar magistrados (del TSJ) y quiere dejar ahora a su hijo, porque la cosa es hereditaria”, declaró Cabello el pasado 19 de julio.
La reelección indefinida está prevista en el ordenamiento jurídico, gracias a funcionarios como Cabello, que respaldaron la iniciativa de enmienda constitucional que el fallecido Hugo Chávez presentó en 2009.
Una semana después el parlamentario volvió a fustigar a Villarroel, del que dijo había incurrido en “actividades mafiosas” pues, de acuerdo con las denuncias que recibió de trabajadores y voluntarios, habría utilizado los bienes de la institución con fines distintos a la labor médico-asistencial y además habría maltratado a todo aquel que dentro de la institución cuestionara su accionar.
“Esto es un problema de Estado, casi”, llegó a decir Cabello.
Procedimiento de la Fiscalía
Casi simultáneamente el Ministerio Público anunció que abrió una investigación contra Villarroel y su equipo.
Sin embargo, en lugar de proceder con dichas averiguaciones y en caso de hallar pruebas abrirle un proceso penal a los señalados, el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, optó por acudir el pasado 2 de agosto a la Sala Constitucional para pedir la intervención de la organización caritativa “para facilitar la fluidez de la investigación penal que adelanta”.
Saab sustentó dicha petición con los testimonios de ocho voluntarios y extrabajadores de la Cruz Roja, cuyas identidades no reveló siquiera al TSJ.
“Los hechos denunciados ni siquiera han generado imputaciones a las personas señaladas como autoras”, destacó el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien dejó entrever que la decisión podría implicar una condena anticipada para los destituidos.
En similares términos se pronunció el constitucionalista José Ignacio Hernández, quien consideró que “no se le garantizó el debido proceso a las personas denunciadas” y además con su decisión la Sala “resuelve el fondo de la controversia, pues acordó -de manera definitiva- la intervención de la Cruz Roja”.
No solo elecciones
En el dictamen redactado por la magistrada Tania D’Amelio no solo le ordenó al reemplazo de Villarroel, el expresidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno, que garantice los servicios de la institución y que convoque elecciones, sino que además se le instruyó para que ponga en marcha “una reestructuración amplia y diversa en la Cruz Roja Venezolana con la participación de los sectores de la sociedad”.
Para efectuar la “evaluación y reorganización interna de la Cruz Roja Venezolana a los fines de modernizar su estructura y funcionamiento”, Cusanno tendrá un año, aunque la Sala advirtió que dicho mandato puede “ser prorrogado”.
Otro aspecto llamativo es que la Sala, a diferencia de lo ocurrido con la mayoría de los partidos y gremios que ha intervenido en estas últimas dos décadas, no designó a una junta directiva, sino que le ordenó a Cusanno que la escoja en un lapso de siete días hábiles y solamente le puso como condición que los seleccionados sean “personas de alto reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional”.
“Lo delicado de la reestructuración de esta asociación es que se va a hacer sin los miembros de la misma; es decir, por una junta impuesta por el Estado, violentando lo que debe ser la voluntad de los que constituyen dicha asociación. Por otro lado, se corre el riesgo, que sería un terrible precedente para el resto de la sociedad civil venezolana, que en la llamada reestructuración se incorporen nuevos miembros y luego se hagan elecciones. Esto implicaría que en realidad se constituya una Cruz Roja diferente a la intervenida, no solo con nuevas autoridades, sino también con nuevos miembros”, alteró Daniels.
En similares términos se pronunció Rafael Uzcátegui, coordinador general de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien tras destacar que el fallo no solo saca a Villarroel de la Cruz Roja, sino que ordena que sea “modernizada en su estructura y funcionamiento”, dejó caer: “Se necesita una Cruz Roja diferente… ¿para?”.
Las consecuencias
Aunque la Cruz Roja ha asegurado que pese a su intervención sus ocho hospitales y 33 ambulatorios continúan operando con normalidad, habrá que esperar a ver si esto se mantiene así en el futuro.
¿La razón? Esta organización depende de donaciones desde el exterior, pero esas contribuciones, las cuales el año pasado permitieron atender a 440.000 personas, de acuerdo con lo informado por la organización en su momento, a su vez están atadas a su imagen.
El dictamen del TSJ ha dañado la imagen de la institución y sobre todo siembra dudas de que sea capaz de cumplir los siete principios fundamentales que rigen al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero en particular dos: la neutralidad ante cualquier conflicto y la independencia frente a los Estados.
“Las sociedades nacionales son organizaciones nacionales autónomas que proporcionan un marco indispensable para la actividad de sus voluntarios y de sus colaboradores. Contribuyen, con los poderes públicos, a prevenir las enfermedades, a mejorar la salud y a aliviar el sufrimiento humano mediante sus programas en favor de la comunidad, en ámbitos como la educación, la salud y el bienestar social”, señala el numeral 2 del artículo 3 de los Estatutos del Movimiento.
Por su parte, el numeral 4 del artículo 4 del mismo instrumento estipula que una sociedad nacional de la Cruz Roja debe “tener un estatuto de autonomía que le permita desplegar su actividad de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento”.
No es la única
No se puede obviar el contexto en el que se produce esta decisión. El mes pasado la Sala Electoral suspendió las elecciones dos gremios, así mismo hace solo unos días un tribunal de Caracas condenó a 16 años de cárcel a seis dirigentes sindicales y las autoridades han fustigado a los activistas y organizaciones que han criticado el dictamen; y, por último, la Asamblea Nacional viene discutiendo leyes que persiguen obstaculizar, cuando no cerrar directamente, organizaciones no gubernamentales.
Este escenario ha disparado las alarmas en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos para Venezuela de la ONU, las cuales han denunciado el cierre del “espacio cívico” en el país.
