Puerto Ordaz. Más de 3000 funcionarios militares y policiales se desplegaron en el sur de Bolívar desde el pasado 4 de noviembre para la intervención de la cárcel de El Dorado.
El operativo se realizó con total hermetismo, a diferencia de las intervenciones ejecutadas en otros recintos penitenciarios del país, en el marco de la operación Gran Cacique Guaicaipuro.
Julio García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios, indicó que desde el centro de reclusión El Dorado trasladarán cerca de 1400 reclusos a otros recintos penitenciarios, para desalojar esta cárcel.
La cárcel de El Dorado se inauguró el 21 de octubre de 1944. Inició con 100 reclusos de la penitenciaría de isla del Burro, en el estado Carabobo. Su capacidad es para 250 internos, pero se desconoce la población carcelaria que tenía actualmente. Hasta 2021 eran unos 1000 reclusos.
Si bien el ministro mencionó como novedad que la institución sería puesta el recinto bajo régimen penitenciario, se supone que la cárcel de El Dorado llevaba tiempo bajo este régimen. Allí funcionan tres áreas: máxima, casa amarilla y precursor.
Como resultado de la intervención, se incautaron 400 teléfonos celulares, antenas para internet satelital, routers, bebidas alcohólicas, drogas y armas de diferentes calibres. También se refirió a reclusos que tenían vínculos con grupos irregulares armados como los llamados Tren de Aragua y Tren del Llano.
OVP cuestiona operativo
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) cuestionó los resultados de esta operación llamada Gran Cacique Guaicaipuro. Responsabilizó al Estado y funcionarios por permitir el ingreso del armamento y drogas a la cárcel.
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“Resulta completamente inadmisible cómo el Gobierno venezolano anuncia con orgullo la requisa en el Centro Penitenciario de la Región Oriental, mejor conocido como la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar. Se incautó una gran cantidad de armas, cuando en realidad son las propias autoridades quienes facilitan el ingreso de este armamento”, señaló el OVP en su cuenta en X.
Sostuvo que la responsabilidad es compartida entre la Guardia Nacional Bolivariana y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
“Este círculo de corrupción mantiene el caos y la violencia en las cárceles, afectando la seguridad de los internos y la sociedad en general. En lugar de un dudoso operativo, en el que supuestamente capturaron a 17 pranes que siempre han actuado bajo la mirada cómplice del Estado, es urgente una reforma profunda que elimine la complicidad y la impunidad en el sistema carcelario venezolano”, agregó el OVP.
Recomendó a García Zerpa solicitar la retirada gradual de la GNB de todos los penales del país. Y en ese sentido, que el Ministerio asuma la responsabilidad del control y seguridad en las cárceles.
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