Lima, 6 oct (EFE).- Los gremios de transporte urbano en Lima y Callao acordaron este lunes levantar el paro que acataron en la jornada, y que pretendían extender hasta el martes, después de recibir el compromiso del Ejecutivo peruano de instalar una mesa de diálogo permanente para resolver el problema del crimen organizado que ataca a este sector.
En una rueda de prensa, el primer ministro, Eduardo Arana, anunció que hubo una conversación fluida con los gremios del transportistas a quienes se les hizo llegar el compromiso de la mandataria Dina Boluarte de atender sus demandas y la solidaridad del Gobierno con los conductores que «sufren a diario este problema de la extorsión».
Arana recibió en su despacho a los dirigentes de los principales gremios de transportistas de pasajeros de Lima y Callao, junto a varios ministros, después de que este sector anunciara horas antes que extendería la paralización de actividades en el caso de que el Ejecutivo se negara a reunirse con ellos.
La reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se extendió por tres horas, al cabo de las cuales el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, fue el encargado de anunciar los acuerdos con el Ejecutivo.
En primer lugar, se anunció la instalación el próximo día 14 de una mesa de trabajo con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y demás entidades públicas y empresas de transportes para abordar de manera integral la problemática del sector.
Además, el Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a las familias de los conductores víctimas de las extorsiones.
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En tercer lugar, el Gobierno también quedó a cargo de coordinar con la Fiscalía y el Poder Judicial la implementación de las unidades de flagrancia y el fortalecimiento del bloqueo de teléfonos celulares en los penales utilizados por el crimen organizado.
Igualmente, todas las partes se comprometieron a trabajar de manera conjunta para evitar las acciones que afecten el transporte urbano y el gremio de transportistas acordó no continuar con la medida de paralización y restablecer el servicio a partir del martes 7 de octubre.
Ojeda recordó que el martes los transportistas se reunirán con el presidente del Congreso, José Jerí, y en los días siguientes con la Fiscalía con la expectativa de encontrar una «solución a esta desgracia que afronta el país», en referencia las extorsiones y el sicariato (asesinato por encargo) que han provocado la muerte de más de 40 conductores de autobuses en los últimos meses.
Por su parte, Arana aclaró que el Gobierno de Boluarte «en ningún momento ha tratado de minimizar la muerte de un conductor» y que, más bien, expresa su «aprecio y solidaridad con la familia del conductor fallecido» el pasado sábado en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima.
En el último fin de semana se produjeron dos ataques a conductores de autobuses que dejaron un venezolano fallecido y un chófer herido, y que llevaron a algunas de las principales empresas a convocar de manera urgente esta huelga.
Durante la jornada, Boluarte se dirigió a los transportistas para manifestarles que, a su entender, un paro no va a solucionar la inseguridad a la que están sometidos y les conminó a hacer caso omiso de las extorsiones como no responder al teléfono llamadas desconocidas.
Asimismo, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, criticó a los transportistas por bloquear las vías, lo que calificó como un comportamiento criminal por parte de los afectados, a la vez que el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseveró que el paro se había dado de manera parcial y sin mayor afectación para la ciudadanía.
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