Transparencia Venezuela pidió publicar el acuerdo petrolero anunciado el 31 de agosto por la Casa Blanca y los contratos posteriores suscritos por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. La ONG considera que un convenio de esa magnitud debe estar sujeto a transparencia, legalidad, rendición de cuentas y garantías democráticas.
La organización señaló el lunes que Venezuela necesita inversiones nacionales y extranjeras, especialmente en el sector petrolero. Sin embargo, advirtió que el desarrollo de nuevos proyectos debe producirse bajo reglas claras y con información disponible para el país.
La ONG identificó seis aspectos que, a su juicio, requieren respuestas. Entre ellos mencionó la ausencia de una discusión pública previa y la falta de información sobre los campos involucrados, su producción actual, las expectativas de extracción, los operadores anteriores y la figura jurídica utilizada para su explotación.
También planteó interrogantes sobre la legalidad. La organización recordó que la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 establece un plazo inicial máximo de 25 años y una prórroga no mayor de 15 años, mientras la Casa Blanca mencionó una vigencia de 100 años.
Asimismo, indicó que deben aclararse las partes involucradas, sus responsabilidades y el régimen fiscal. También cuestionó que no existan detalles que permitan relacionar los 209.000 millones de dólares en ingresos mencionados por Delcy Rodríguez con producción, precios, regalías e impuestos.
Dudas sobre Nabep y las inversiones
Transparencia Venezuela solicitó además aclarar las condiciones bajo las cuales North American Blue Energy Partners (Nabep) alcanzó una posición relevante en el sector y sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
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También pidió precisar el origen y las condiciones de los nuevos capitales, incluidos los eventuales aportes de Estados Unidos, sus plazos, garantías y mecanismos de desembolso.
Además, exhortó a dar garantías para las comunidades y el ambiente, con estudios de impacto ambiental y sociocultural. Señaló que la inversión petrolera debe acompañarse de recursos destinados a energía eléctrica, protección ambiental y acceso al agua potable.
Transparencia Venezuela afirmó que el gobierno debe publicar el convenio completo, los contratos vinculados y la información relevante durante todo el proceso.
También solicitó aclarar derechos preexistentes sobre los campos y establecer mecanismos para resolver eventuales conflictos entre operadores.
“Las transiciones son complejas, pero no pueden prescindir de legitimidad. La reconstrucción democrática de Venezuela enfrentará obstáculos, intereses contrapuestos y presiones económicas. Precisamente por eso, los acuerdos estratégicos deben construirse sobre información pública, legalidad, instituciones responsables y capitales cuyo origen y propósito sean verificables”, concluyó la ONG.
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