Por Edwin Rosal Vásquez / Correo del Caroní
La crisis laboral en el holding de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, escala a la capital del país, toda vez que voceros del movimiento Unión de Trabajadores Somos FMO denunciaron una política sistemática y recurrente de persecución administrativa en CVG Ferrominera Orinoco, que ha dejado a cientos de padres de familia en la calle bajo figuras legales inexistentes.
Hugo Perdomo, integrante del movimiento, señaló que las autoridades en Miraflores y los ministerios correspondientes tienen una oportunidad histórica de reivindicarse con la clase obrera, tras años de lo que califica como una “precarización extrema” de las condiciones de trabajo.
La denuncia principal se centra en el uso de medidas administrativas irregulares: despidos injustificados, jubilaciones forzosas y la polémica condición de “no requeridos”.
“Esta práctica se recrudeció durante la gestión de Abel Jiménez y, lamentablemente, hoy no vemos una voluntad real de resarcir estos daños”, sentenció Perdomo.
El dirigente recordó que estas acciones violan flagrantemente el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 158 de la OIT y los artículos 87, 89 y 93 de nuestra Constitución, afectando no solo el salario, sino la dignidad del núcleo familiar.
Misión en Caracas: De los ministerios a la Embajada
Desde el pasado 1 de marzo, una delegación conformada por los trabajadores Héctor Delgado y Rodney Álvarez se encuentra en Caracas realizando una jornada intensa de incidencia política y legal.
La agenda de Somos FMO en la capital incluye una visita ante el Ministerio del Trabajo e Industrias exigiendo la reincorporación inmediata; acudir ante el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo para introducir las denuncias por violación de derechos fundamentales. Solicitar un acercamiento acercamientos con Provea para documentar los casos y en materia internacional realizar gestiones ante la Embajada de los EE UU y seguimiento al Cuarto Diálogo Social de la OIT.
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Exigencia clara: Reincorporación
A pesar de haber elevado estas quejas ante la comisión de alto nivel de la OIT desde 2022, sin obtener respuestas favorables, el movimiento asegura que no abandonará la calle ni las instituciones hasta que se cumpla la ley.
“No pedimos favores, exigimos el cumplimiento de la Lottt y la restitución de nuestros puestos de trabajo con todos los derechos derivados”, concluyó Perdomo.
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