Por: David Uzcátegui
La reciente decisión de la Corte Federal del Distrito Norte de California, de bloquear temporalmente la revocatoria del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos en Estados Unidos, marca un hito histórico en la lucha por los derechos de los migrantes en esa nación. Este fallo no solo resguarda a más de 600.000 compatriotas de una deportación inminente, sino que también reafirma la independencia del sistema de justicia estadounidense, un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos y el debido proceso.
Desde el anuncio de la revocatoria del TPS por parte de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, las alarmas se encendieron dentro de la comunidad migrante venezolana. La decisión, tomada por ella apenas tres días después de asumir el cargo, revertía la extensión otorgada previamente por la administración Biden y ponía en riesgo la estabilidad de miles de familias. Se trataba de una revocación, sin precedentes en los 35 años de existencia del programa TPS, lo que evidenciaba un intento político de desmantelar una protección migratoria sin justificación válida y saltando todos los procedimientos que regulan a esa figura jurídica.
Los argumentos de la demanda fueron claros y contundentes: la eliminación del TPS para los venezolanos traería consecuencias devastadoras no solo para los migrantes, sino también para la economía y seguridad de Estados Unidos. Los beneficiarios del TPS han demostrado ser una comunidad educada, trabajadora y altamente productiva, con tasas de participación laboral que oscilan entre el 80% y el 96%, y un porcentaje de profesionales con títulos universitarios que oscila entre el 40% y el 54%.
Además, la tasa de criminalidad entre los venezolanos con TPS es inferior a la de la población general estadounidense, desmontando así los estereotipos negativos, promovidos por ciertos sectores interesados en estigmatizar a nuestra comunidad en el país norteamericano, para sacar ganancia política.
El juez Edward M. Chen, al evaluar los argumentos presentados, concluyó que la revocatoria del TPS causaría daños irreparables a cientos de miles de personas, afectando su estabilidad familiar y social, perjudicaría la economía estadounidense, generando pérdidas multimillonarias, se basaba en prejuicios infundados, sin evidencia que justificara la cancelación del programa y violaba los procedimientos administrativos y el debido proceso, lo que la convertía en una “acción arbitraria y caprichosa”.
El fallo de la Corte representa un alivio para los venezolanos en Estados Unidos, pero también es un recordatorio de que la justicia debe prevalecer sobre los intereses políticos. Es condenable que se utilice la difamación del gentilicio venezolano como una herramienta para obtener ganancias electorales. Los venezolanos han demostrado ser una comunidad que aporta valor a los países que los acogen, construyendo un futuro mejor para ellos y sus familias, sin ser una carga para el sistema. Muy lejos de eso, aportan con su trabajo, con sus impuestos e incluso, muchos con su empuje y entusiasmo para emprender.
Es importante apuntar que la defensa del TPS no habría sido posible sin el trabajo coordinado de destacadas organizaciones como la National TPS Alliance (Ntpsa TPS), la American Civil Liberties Unión. (Aclu) y el Venezuelan American Caucus, entre otros. Su esfuerzo y determinación, junto con el respaldo de fiscales de 18 estados y el Distrito de Columbia, lograron un trabajo en equipo que frenó una decisión injusta, contribuyendo así a resguardar los derechos humanos de miles de personas.
Sin embargo, la batalla aún no ha terminado. La medida de la Corte es temporal y el litigio sigue en curso. La comunidad venezolana y sus aliados deben mantenerse vigilantes y continuar la lucha por una solución permanente que garantice estabilidad y seguridad a quienes han decidido hacer de Estados Unidos su hogar bajo el imperio de la ley.
Este caso es una muestra de que, en una democracia sólida, las decisiones gubernamentales pueden y deben estar sujetas a revisión judicial para evitar abusos de poder. La independencia del sistema de justicia estadounidense está siendo puesta a prueba en este momento, y salió bien librada del más reciente episodio. Queda ver cómo se seguirá desenvolviendo la situación, ya que esto es apenas el comienzo del caso y los representantes del poder Ejecutivo estadounidense ya apelaron.
Sin duda esto es una prueba de fuego para la independencia de poderes en la que muchos consideran la democracia más poderosa de la tierra. Seguiremos con especial atención estos acontecimientos, porque involucran de manera muy cercana a nuestro gentilicio, pero también porque en aquellas tierras se está haciendo historia.
