Tras más de cinco meses sin obtener respuestas, al realizar gestiones institucionales ante los órganos de justicia el médico trujillano, Dr. Juan Torres rompió el silencio para denunciar públicamente lo vivido luego de su detención arbitraria: torturas físicas y psicológicas y el despojo sistemático de sus propiedades, que hasta el momento no han sido restituidos y exige el restablecimiento inmediato de sus derechos ciudadanos.
“Hago pública esta denuncia porqué me dedique a seguir los canales regulares en todos los organismos competentes para lograr justicia y hasta ahora no he obtenido ninguna respuesta”, denunció Torres, mientras mostraba en un video difundido a través de plataformas digitales los sellos de recibido emitidos por la Fiscalía, La Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Terrorismo.
El Dr. Juan Torres y su esposa Elizabeth Rodríguez, ambos profesionales de la salud, reconocidos por su trayectoria profesional y humana en la entidad, forman parte del grupo de más de 70 excarcelados en la región trujillana luego de ser privados de su libertad, en el contexto de persecución y criminalización política.
La detención arbitraria y el patrón de fabricación de pruebas
El 10 de septiembre de 2025, mientras la pareja de esposos se desplazaba hacia su lugar de trabajo en Valera, a menos de 100 metros de su destino, fueron interceptados en una alcabala móvil por una comisión mixta integrada por la Policía regional (DIP), el CONAS y el SEBIN. Es el mismo Torres, quien relata la cronología de los hechos: “Somos detenidos arbitrariamente, sin ninguna orden, conducidos a unas patrullas que nos trasladaron a La Beatriz, donde hay un puesto policial. Sin ningún tipo de justificativo, excepto que yo cargaba en mi teléfono, la foto de una pancarta que me habían pasado y decía, va a pasar y está pasando, nada más esa pancarta.”
El único argumento para detenerlos fue la presencia de la imagen de una pancarta con una frase alusiva a las protestas. El médico expresa que pese a que su esposa no poseía ningún material similar, ambos fueron detenidos y posteriormente las actas policiales fijaban la fecha de su detención para el 12 de septiembre, dos días después de su detención y en ella alegaban “fragancia”, sembrando evidencias que incluyen proyectiles y recipientes de pinturas.
Denuncia tratos crueles, asfixia y amenazas de desaparición.
En su denuncia el médico trujillano detalladamente cuenta cómo fueron sometidos él y su esposa a torturas físicas y psicológicas severas, al cual le sumaron amenazas explícitas de detener, torturar y desaparecer a sus hijos si no accedían a firmar confesiones falsas grabadas en video, pretendiendo vincularlos de forma forzosa con partidos y líderes de la oposición venezolana.
“En La Beatriz fuimos torturados, a mí me fracturaron dos costillas, ya que me guindaron de unas esposas, me dieron golpes, me asfixiaron con una bolsa plástica, adicionalmente me amarraron los brazos hacia atrás y me los fraccionaron hasta arriba, hasta más no poder… y recibí varias patadas de unos funcionarios. A mi esposa me la guindaron con unas esposas en frente de mí, en unas rejas, para que yo dijera la verdad, verdad que yo no sé de qué se trataba. Porque no tenía nada que decir, porque no sabía nada. Igual que a mi esposa, la torturaron pidiéndole que dijéramos y que denunciáramos todo lo que hacíamos. En vista de que nosotros no decíamos nada, nos amenazaron con nuestros hijos, con detener a nuestros hijos, torturarlos y desaparecerlos”, detalló Torres.
Posteriormente, fueron trasladados a Caracas bajo un despliegue de más de 40 funcionarios armados y trasladados por vía aérea desde el aeropuerto local. En la sede del CONAS de Quinta Crespo permanecieron incomunicados por más de un mes. En dicho recinto soportaron aislamiento en celdas de dos por un metro, privación del sueño bajo luces constantes, sometidos a permanecer en una misma posición, rotación de celdas y traslados irregulares a exámenes forenses bajo el control de los propios custodios.
Saqueo patrimonial e impunidad regional
A la vulneración de sus derechos fundamentales se sumó el desmantelamiento total de sus propiedades personales y profesionales. A pesar de haber sido excarcelados el 25 de febrero bajo medidas de amnistía, sus bienes continúan ocupados o saqueados de manera ilegítima.
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Entre el patrimonio despojado figura la Clínica San Miguel, ubicada en el sector La Floresta de Valera, de donde fueron sustraídas 15 camas clínicas, equipos de ecografía y radiología digital, mobiliario médico y el consultorio pediátrico. Asimismo, fueron desvalijadas su residencia principal, ubicada en La Beatriz, una vivienda secundaria situada en la parroquia La Puerta y un galpón de resguardo donde se encontraban una ambulancia, un camión de insumos, tres vehículos particulares y herramientas de trabajo.
El médico increpó el actuar irregular de los funcionarios involucrados y la inacción de las autoridades locales: “A nivel regional todo el mundo habla con temor y se lava las manos, no quieren hacer inspecciones ni pronunciamientos. Nos quitaron el sitio de trabajo que construimos con nuestro esfuerzo. Esto no fue solo una detención; fue un saqueo”.
El Dr. Juan Torres hizo un llamado a las comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos para que no desatiendan la situación de los expropiados y detenidos por motivos políticos en el interior del país, reiterando su exigencia de justicia, cese del amedrentamiento y devolución íntegra de cada una de sus pertenencias.
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Por: Ismar Linares
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