En el marco del Operativo Fiscal Pdvsa 2017-2018, la Contraloría General de la República inició en el mes de diciembre de 2017 dos actuaciones fiscales dirigidas a evaluar los planes operativos y su ejecución en las Unidades de Auditoría Fiscal (UAF) de Petróleos de Venezuela, S. A. y sus filiales durante el período comprendido entre el 1/1/2014 y el 30/11/2017, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 9, 24, 26 y 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, según lo reseña un boletín emanado de la Contraloría del estado Trujillo (CET).
Indica que para estas auditorías, el Máximo Órgano de Control Fiscal desplegó un equipo de 56 auditores, incluyendo talento humano adscrito a las contralorías estadales de Aragua, Miranda y Vargas y de las contralorías municipales competentes. Estas auditorías están orientadas a evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras durante el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 30/12/2017.
En este sentido, a 25 días de la solicitud hecha por el ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, M/G Manuel Quevedo, para la realización de una actuación fiscal en las UAF de la estatal petrolera y sus filiales, la CGR continúa con la actuación fiscal instalada el pasado mes de diciembre de 2017, y el pasado jueves, previa convocatoria del Máximo Órgano de Control Fiscal, compareció ante el contralor general de la República, Dr. Manuel E. Galindo B., y el ciudadano Miguel Hung Perdomo, titular del órgano de control interno de Pdvsa.
Para finalizar destaca que, la CGR, en cumplimiento del artículo 136 constitucional, acordó conjuntamente con la Dirección de Auditoría Fiscal de Petróleos de Venezuela, fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la estatal petrolera, con el fin de sustanciar de manera oportuna las denuncias hechas por parte del colectivo que sean vinculantes con hechos de corrupción. J.R.
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