Caracas, 31 mar (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exigió este lunes al Supremo de El Salvador pronunciarse sobre los recursos de habeas corpus introducidos por los abogados de un grupo de los más de 200 migrantes deportados por EE.UU. y detenidos en una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano.
«Exijo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en función de ese habeas corpus, no pueden engavetarlo porque ya es público, notorio y comunicacional que ese habeas corpus fue introducido, no pueden decir que no existe», dijo Saab en una rueda de prensa transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
En ese sentido, señaló que el recurso «está en manos» de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña y exigió que «sea aprobado».
El pasado 24 de marzo, los abogados salvadoreños Jaime Ortega y Salvador Ríos presentaron 30 recursos de habeas corpus ante la CSJ, en los que solicitan su liberación y repatriación, para un mismo número de personas, pero, según explicaron, es extensivo a todos los afectados.
Saab reiteró que el objetivo es conseguir la libertad de estas personas, detenidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) -la megacárcel símbolo de la «guerra» contra las pandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele-, tras ser deportadas hace más de dos semanas bajo la acusación de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua.
El fiscal acusó a opositores venezolanos de estar detrás de esta acción, con la que, agregó, se mandan «de cuentagotas» a migrantes a El Salvador, y se refirió al envío anunciado este lunes por EE.UU. de otras 17 personas señaladas como supuestos miembros de las bandas criminales Tren de Aragua y MS-13.
En una entrevista difundida el domingo, Saab dijo que el Gobierno estadounidense aplica la recientemente invocada Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar migrantes «sin reglas de juicio» y luego trasladarlos a «la peor cárcel del mundo», en alusión al Cecot.
La Administración de Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, insiste en que no descansará hasta «rescatar» a ese grupo de personas, cuyas identidades dice desconocer de manera oficial, ya que denuncia falta de transparencia por parte de los Gobiernos de Donald Trump y de Bukele.
Maduro dijo el sábado que espera que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quienes conversó la semana pasada, «actúen» en favor de los más de 200 «secuestrados».
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