Caracas, 3 ago (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este jueves que los seis hombres condenados el martes a 16 años de prisión no son sindicalistas -como aseguran la defensa, numerosas ONG y políticos- y ni siquiera eran trabajadores de empresas públicas o privadas, sino «conspiradores».
«Se ha difundido información falsa haciendo pasar a un grupo de conspiradores como supuestos sindicalistas que habrían sido procesados y condenados por defender los derechos de los trabajadores (…) No son líderes sindicales, ni están inscritos en el seguro social estos seis hombres», dijo el funcionario en una alocución televisada.
Explicó que, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde reposa la data de todos los empleados formales del país, los condenados «aparecen como cesantes» y que ninguno de ellos presentó durante el juicio alguna constancia que los acreditara como miembros de algún sindicato.
Saab insistió en que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín pertenecían a una «organización subversiva» y «actuaron al margen de la ley (…) conspirando contra la democracia venezolana».
«Se obtuvo evidencia concluyente que este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno (…) planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio del año 2022, donde se encontraba presente el presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar», sostuvo.
Además, el fiscal dijo que trató este caso con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Caracas, quienes, aseguró, «quedaron satisfechos» con la información que se les brindó, la cual sustenta que los hombres no fueron procesados por solicitar mejoras salariales.
El pasado junio, Eduardo Torres, uno de los abogados de los sindicalistas, dijo a EFE que la acusación representa «una aberración porque ellos están asociados para defender derechos, y los ampara, no solo a Constitución y las leyes, sino el convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)».
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