Ingrid Porras, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en Táchira, informó que bajo los lineamientos de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, la Zona Educativa implementará la creación de «minis zonas educativas» en cada municipio, con la finalidad de que se puedan tomar decisiones en cada jurisdicción, según sea el caso, pero a pesar de parecer una buena idea, motivado a la reducción de riesgos y gastos operativos que debe realizar cada docente para acudir a este ente en la ciudad capital, la Federación mantiene la sospecha, que estos espacios serán utilizados para el control político de los docentes suscritos.
«Esta estructura son mini zonas educativas que se instalarán en los 29 municipios de la región, estamos seguros que esto es un control ciudadano, para que a los docentes los amedrenten por hacer una denuncia pública, o por señalar lo que les está sucediendo, eso es lo que quiere hacer el Ministerio de Educación, es decir, el docente se verá acorralado. Por tal motivo, exhortamos a que sean ellos mismos (los docentes), los que puedan decidir sobre la instalación de estos puntos», advirtió.
Aseguró que ante esta decisión no se tomó en cuenta la opinión de las Federaciones, Sindicatos y docentes, que además bajo la percepción de la Federación Venezolana de Maestros, no contará con presupuesto para atender la necesidad de las instituciones educativas o de los profesionales como principal prioridad en cada una de las dependencias municipales.
«Pensamos que esto tiene otro fondo, esto puede ayudar a los docentes evitando gastos de movilización, pero también vemos que esto sirve para que las denuncias sean engavetadas, tal como ha sido recurrente en la Zona Educativa. La autonomía no sabemos cómo la van a tener, ya que se contará con la presencia del vocero, del director, de un coordinador, a la final la autonomía irá de un lado para otro y no se tendrá nunca una respuesta», insistió.
Comentó que entre las acciones a tomar, se menciona la participación de alumnos de 5to año, los cuales serán educados y moldeados para cubrir espacios en la docencia donde no lo hay.
La migración de las nóminas al ente nacional como concentración del poder
Por otra parte, docentes de la región, manifestaron estar en desacuerdo con la movilización de la nómina regional al ente nacional, esto acarrearía la pérdida de beneficios adquiridos bajo acta convenio, así lo informó Ildemaro Useche.
«En el tema de la migración no se beneficia ningún docente, sencillamente las convenciones colectivas se violentan con ese traslado de nóminas, eso se llama concentración de poder (…), un docente estadal que pudiera tener un beneficio adicional por trabajar en zonas remotas, rurales o en frontera, perderá todo beneficio, el gobierno lo que hizo fue plantear una tabla en donde todos ganemos lo mismo», subrayó.
Exhortó al ejecutivo regional a realizar una consulta a los más de 8mil educadores suscritos al ente estadal, en donde el magisterio pueda tener la potestad de decidir si quiere o no un cambio de patrono. Sin embargo, informó que esta acción ya se llevó a cabo en el municipio Pedro María Ureña y Bolívar, por lo que consideran esta medida, como violatoria y que atenta contra la economía de las familias dependientes de este gremio.
Enfatizó que ya desde hace algún tiempo, el Estado viene violentando el derecho de los docentes con la falta de atención de salud a través del IPAS, con la falta de un HCM, o con la mejora en la atención en los centros de salud públicos.
Mantienen deudas a 226 docentes jubilados
Aunado al llamado de atención por el control que se pueda manejar en torno a la creación de estas «mini zonas educativas», y la migración de las nóminas al ente nacional, algunos docentes jubilados están presentando demora en el pago de sus prestaciones sociales. Mackler García, secretario regional de la Federación Venezolana de Maestros en el Táchira, expresó que hasta el momento se contabilizan al menos 226 casos de docentes jubilados desde el mes septiembre del 2023, que hasta la fecha esperan el pago de sus prestaciones sociales, ocho de ellos ameritan una respuesta inmediata, que pueda resolver su necesidad de salud por la cual atraviesan.
«Exigimos a todos los organismos del estado, al Director de Educación que aligere el pago de estás prestaciones que se merecen estos 226 docentes estadales, hay casos específicos, por ejemplo, donde un docente jubilado en el año 2018, no ha podido recibir la bonificación debida por sus años de servicio».
Advirtió que con esta medida, se pretende jugar con la salud de los docentes que están en riesgo, al no contar con el dinero necesario en medio de su necesidad médica.
Luzfrandy Contreras / DLA.-
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