Cúcuta (Colombia), 30 oct (EFE).- Tras la orden emitida por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, de militarizar la ciudad fronteriza de Cúcuta, esta amaneció este viernes bajo un estricto control de las Fuerzas Militares.
El despliegue de tropas se produce después de varios episodios de violencia registrados en la ciudad en los últimos días, entre ellos el asesinato a tiros de un aspirante a la Alcaldía y un atentado con artefacto explosivo en las inmediaciones del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.
En un recorrido realizado por EFE por distintos puntos de la ciudad, el sentimiento generalizado de los ciudadanos es de un profundo respaldo a la decisión gubernamental.
Para muchos, ver a los soldados patrullando representa seguridad y calma ante la creciente ola de violencia.
Para Elena María Rueda, vendedora de frutas y verduras en la Central de Abastos, ver al Ejército en su lugar de trabajo no genera temor, sino todo lo contrario: tranquilidad.
«A uno le da miedo la delincuencia, no los soldados. Ojalá esta vez no sea un despliegue de una semana y se queden el tiempo que sea necesario para que Cúcuta se vuelva segura», relató mientras acomodaba su mercancía.
Una postura similar comparte Esteban Morales, un ciudadano preocupado por la ola de violencia de la ciudad: «Robos, asesinatos, artefactos explosivos, extorsiones… en eso se ha convertido Cúcuta. Mis hermanos en Bogotá me llaman para preguntarme cómo estoy cada vez que hay una mala noticia».
«Desde el día de ayer estamos cumpliendo las órdenes de militarización de la ciudad de Cúcuta por parte del Gobierno Nacional, órdenes que buscan dar tranquilidad y estabilidad al pueblo cucuteño», aseguró a EFE el alcalde, Jorge Acevedo.
El funcionario explicó que al dispositivo se incorporan 324 nuevos militares y alrededor de 150 policías, que reforzarán la presencia de la fuerza pública en el casco urbano.
«Tenemos la tranquilidad de que durante mucho tiempo hemos venido trabajando los anillos viales, por eso ya teníamos claras las acciones», agregó.
Cúcuta, que concentra el mayor flujo de viajeros y de mercancías entre la región andina colombiana y el occidente venezolano, ha sufrido históricamente la presión de organizaciones al margen de la ley dedicadas al microtráfico, el contrabando y la extorsión.
En este contexto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el deterioro de la situación y alertó de un aumento de homicidios selectivos, feminicidios, masacres, extorsiones, amenazas a defensores de derechos humanos y líderes políticos.
«Vamos a tener alrededor de 824 hombres del Ejército con presencia permanente en la ciudad. De la misma manera, por parte de nuestra Policía Nacional se va a hacer una redistribución del personal al tener este refuerzo del Ejército, e ingresarán a las calles de la ciudad aproximadamente entre 100 y 150 hombres», explicó a EFE Tatiana Cáceres, secretaria de Seguridad de Cúcuta.
El Gobierno de Colombia anunció que este esquema de militarización temporal antecede a la entrada en vigor de la Operación de Seguridad Esparta, prevista para el 3 de noviembre, con la que se buscará desarticular las finanzas ilícitas que se mueven a través de los pasos informales de la frontera.
«La próxima semana estaré personalmente en Cúcuta para verificar el cumplimiento de estas órdenes, evaluar los avances operacionales y exigir una coordinación efectiva entre nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades territoriales», dijo el presidente en su cuenta de X.
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La militarización no es una estrategia nueva en una frontera con Venezuela de más de 2.200 kilómetros, donde las decenas de pasos ilegales dificultan el control estatal.
Tras más de seis décadas de conflicto armado, los sucesivos despliegues militares no han impedido que grupos armados se disputen el control de las rutas del narcotráfico y el contrabando, en una región donde la presencia de la fuerza pública no ha ido acompañada de un control institucional efectivo.
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