Con el cierre de la administración pública, notarias, registros y sistema de justicia, se ha cercenado el acceso al trabajo de los profesionales del Derecho, denuncia Engel Puerta, abogado integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la democracia en Venezuela, capitulo Mérida, asegurando ello afecta a muchas personas que necesitan realizar trámites legales de cualquier tipo.
Son más de 90 días de cierre por emergencia de salud, cuando ya se padecía de un cierre técnico y bastantes dificultades para acceder a la justicia, violando además el derecho de acceso a la justica a quienes están bajo custodia del Estado Venezolano, señaló el abogado Puerta.
“En el Centro Penitenciario Región Andina, Cepra, los privados de libertad no están recibiendo alimento, medicamentos, se impide la visita de sus familiares y abogados de confianza, no tienen acceso a los órganos de justicia, y esto es responsabilidad del Estado” aseguró Engel Puerta, agregando “No se puede realizar una denuncia ante las autoridades debido al cierre técnico, que no es más que una improvisación que viola el derecho al trabajo y acceso a la justicia”
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