El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes la muerte de otro privado de libertad, elevando a 21 la cifra de detenidos fallecidos en custodia desde abril ascendió a 21.
La organización identificó al fallecido como Víctor Alfonso Rivero, quien estaba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre.
«Más allá de la cifra, estos hechos plantean una pregunta que las autoridades venezolanas siguen sin responder: ¿cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?», cuestionó el OVP.
Señaló que, dado que las personas privadas de libertad se encuentran bajo control absoluto del Estado, cada fallecimiento asociado a la falta de atención médica, la demora en traslados hospitalarios o a condiciones incompatibles con la dignidad humana «constituye una señal de alarma para los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección de los derechos humanos«.
El OVP recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y las Naciones Unidas han reiterado durante años que los Estados tienen una posición especial de garante respecto a las personas privadas de libertad.
«Esto significa que no basta con mantenerlas encerradas porque existe la obligación de proteger su vida, su integridad física y su salud. Sin embargo, la realidad venezolana muestra cárceles donde los familiares terminan asumiendo funciones que corresponden al gobierno, suministrando medicamentos, alimentos, insumos médicos e incluso gestionando traslados hospitalarios para intentar salvar la vida de sus seres queridos».
Y agregó: «Cada nuevo fallecimiento demuestra que las recomendaciones internacionales continúan siendo ignoradas y que la protección de la vida dentro de los centros de detención sigue siendo una deuda pendiente.
Finalmente, el observatorio advirtió que «la acumulación de muertes» bajo custodia no puede seguir siendo vista como una sucesión de casos aislados. Se trata de una situación que exige la actuación urgente de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos».
«La pena de muerte está prohibida en Venezuela, pero el abandono, la indiferencia y la desatención siguen produciendo el mismo resultado», sentenció.
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