Un sobrino de la primera dama de Venezuela apeló ante la Corte Suprema estadounidense una sentencia de 18 años en prisión por asociación delictuosa para contrabandear 800 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos.
Francisco Flores y su primo, Efraín Campo, fueron declarados culpables en 2016 en un caso con enorme relevancia política que examina a detalle las acusaciones de Estados Unidos de narcotráfico en las más altas esferas del Gobierno venezolano.
En una moción publicada el martes 25 de agosto en el registro de sumarios de la Corte Suprema, los abogados de Flores argumentaron que un juez federal de Manhattan engañó al jurado al decirle que los acusados debían saber que el destino final de la cocaína era Estados Unidos, un requerimiento para una condena de acuerdo a las leyes estadounidenses.
Según la petición, en ningún momento se puede escuchar en las conversaciones que fueron grabadas que los dos hombres siquiera preguntaran sobre el destino final del cargamento que negociaban rumbo a Honduras con informantes que trabajaban bajo la supervisión de la DEA.
“La única evidencia citada respecto a la supuesta y deliberada evasión de conocimiento de Flores fue que él y Campo permanecieron en silencio — por ejemplo, no buscaron confirmación o aclaración — cuando los informantes de la DEA hicieron sus múltiples insinuaciones”, según la petición, que fue preparada por Sidley, un despacho jurídico de Nueva York.
Cuando los informantes incluyeron en 13 instancias grabadas referencias generales sobre el tráfico de drogas en Estados Unidos, los acusados permanecieron en silencio o dieron respuestas ambiguas o inaudibles, de acuerdo con la petición.
La DEA arrestó a Campo y a Flores en Haití en 2015 y de inmediato los trasladaron a Nueva York para su juicio. Fueron atraídos a la isla caribeña con la promesa de recibir un anticipo de 11 millones de dólares de parte de un narcotraficante en silla de ruedas que conocieron en Honduras y conocido como “El Sentado”, y de quien desconocían que fuera un informante de la DEA.
Después se llevó a cabo un encuentro en Caracas, en el que se presentaron muestras del producto. Sin embargo, no se incautaron drogas al momento de su arresto en un restaurante cercano al aeropuerto de Puerto Príncipe luego de llegar a la capital haitiana en un avión privado procedente de Caracas.
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Los abogados de Campo y Flores arguyeron en su juicio de dos semanas que las drogas no cambiaron de manos y que los hombres no tenían intención alguna de traficar con ellas. El testigo estrella de la Fiscalía, José Santos Peña, era un informante de la DEA del que después se supo que mintió a sus supervisores.
Se desconoce quién cubre los gastos legales de Flores. Michael Levy, un abogado de Austin, se negó a comentar. Pero en su juicio ante un tribunal menor, su equipo legal fue financiado por Wilmer Ruperti, un magnate naviero venezolano allegado al Gobierno de Maduro.
