El anteproyecto reconoce de manera la criminalización del ejercicio periodístico, así como la utilización de delitos comunes para silenciar voces críticas, aun cuando los hechos imputados no han sido probados. Incorpora una amnistía amplia para las personas perseguidas por ejercer la libertad de expresión, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales
Caracas, 9 de febrero de 2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) presentó este lunes ante la Asamblea Nacional, en el marco del proceso de consulta pública, una propuesta de Ley de Amnistía, Reconciliación Nacional y Reparación Integral para la Convivencia Democrática, elaborada a partir de una consulta con sus agremiados.
El anteproyecto reconoce de manera expresa la criminalización del ejercicio periodístico, así como la utilización de delitos comunes -como asociación para delinquir, terrorismo u otros tipos penales- para silenciar voces críticas, aun cuando los hechos imputados no han sido probados. En ese sentido, la propuesta incorpora una amnistía amplia para las personas perseguidas por ejercer la libertad de expresión, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales.
Uno de los aportes centrales del proyecto es el reconocimiento de la persecución digital, entendida como el uso de tecnologías del Estado para criminalizar la expresión en redes sociales y plataformas de mensajería como X, WhatsApp o Facebook. El texto afirma con claridad que la libertad de expresión es inviolable en cualquier medio, y que su criminalización ha expuesto a periodistas y ciudadanos al riesgo de detenciones, procesos penales y medidas restrictivas arbitrarias.
La propuesta también extiende la amnistía a hechos vinculados con el activismo en ONG, sindicatos y asociaciones, como una garantía para la libertad de asociación, severamente afectada en los últimos años. Asimismo, establece que la amnistía debe ser aplicable tanto a personas que se encuentran en Venezuela como a quienes están fuera del país, abriendo condiciones reales para el retorno seguro de quienes fueron forzados al exilio como consecuencia de la persecución judicial.
Persecución institucionalizada
La iniciativa parte del reconocimiento de que en Venezuela el aparato judicial ha sido utilizado de manera sistemática como herramienta de persecución contra personas que han ejercido derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, lo que ha afectado de forma directa al ejercicio del periodismo y al derecho de la sociedad a estar informada.
Desde el SNTP reiteramos la necesidad de acoger los procesos de excarcelación de todas las personas presas por razones políticas, en especial periodistas y trabajadores de la prensa, y de acelerar estos procesos para devolverle a las familias la paz y la tranquilidad de estar con sus seres queridos.
Recordamos que las excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Persiste la persecución a través de medidas cautelares coercitivas que inhiben el ejercicio del periodismo, del activismo y de otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la manifestación pacífica.
Actualmente, el SNTP registra 59 periodistas y trabajadores de la prensa judicializados: cuatro de ellos permanecen presos (Jonathan Carrillo, Pedro Urribarri, Deivis Correa y Marifel Guzmán), dos se encuentran bajo arresto domiciliario, 23 han sido excarcelados durante 2026, 10 más entre 2024 y 2025, y al menos 20 permanecen en el exilio como consecuencia de la persecución judicial.
A ellos se suman decenas de periodistas que han tenido que salir del país por temor fundado, por la anulación de pasaportes o por alertas en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol), sin siquiera conocer la existencia de una investigación en su contra. Los queremos a todos de vuelta: el país los necesita y el periodismo los necesita.
Asuntos pendientes
La situación de los periodistas presos y judicializados no es un hecho aislado, sino la consecuencia de problemas estructurales que deben resolverse de manera inmediata para garantizar la libertad de prensa y evitar la repetición de estas violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, desde el SNTP exigimos:
- La derogación de las leyes utilizadas para criminalizar la opinión y la crítica, en particular la Ley contra el Odio.
- La revisión y derogación de la Ley ResorteME, convertida en un instrumento de censura.
- El compromiso expreso del Estado de no utilizar el derecho penal contra el periodismo ni contra el ejercicio de la libertad de expresión.
- El levantamiento de los bloqueos digitales y el cese de la censura en internet.
- Procesos transparentes y no discriminatorios para la asignación y renovación de concesiones a radios y televisoras.
- El fin del cierre arbitrario de medios y la devolución de equipos incautados.
- La aprobación de una ley de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación.
Reiteramos que una ley de amnistía puede ser un punto de partida, pero solo será legítima si libera a personas inocentes y si viene acompañada de reformas estructurales que garanticen que el sistema de justicia no vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra el periodismo. Amnistía y reparación, ya.
Lea también
Nota en la web: https://sntpvenezuela.org/sntp-presenta-propuesta-integral-de-ley-de-amnistia-y-que-incluye-a-periodistas-victimas-de-persecucion/
SNTP presenta propuesta integral de Ley de Amnistía
y que incluye a periodistas víctimas de persecución
El anteproyecto reconoce de manera la criminalización del ejercicio periodístico, así como la utilización de delitos comunes para silenciar voces críticas, aun cuando los hechos imputados no han sido probados. Incorpora una amnistía amplia para las personas perseguidas por ejercer la libertad de expresión, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales
Caracas, 9 de febrero de 2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) presentó este lunes ante la Asamblea Nacional, en el marco del proceso de consulta pública, una propuesta de Ley de Amnistía, Reconciliación Nacional y Reparación Integral para la Convivencia Democrática, elaborada a partir de una consulta con sus agremiados.
El anteproyecto reconoce de manera expresa la criminalización del ejercicio periodístico, así como la utilización de delitos comunes -como asociación para delinquir, terrorismo u otros tipos penales- para silenciar voces críticas, aun cuando los hechos imputados no han sido probados. En ese sentido, la propuesta incorpora una amnistía amplia para las personas perseguidas por ejercer la libertad de expresión, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales.
Uno de los aportes centrales del proyecto es el reconocimiento de la persecución digital, entendida como el uso de tecnologías del Estado para criminalizar la expresión en redes sociales y plataformas de mensajería como X, WhatsApp o Facebook. El texto afirma con claridad que la libertad de expresión es inviolable en cualquier medio, y que su criminalización ha expuesto a periodistas y ciudadanos al riesgo de detenciones, procesos penales y medidas restrictivas arbitrarias.
La propuesta también extiende la amnistía a hechos vinculados con el activismo en ONG, sindicatos y asociaciones, como una garantía para la libertad de asociación, severamente afectada en los últimos años. Asimismo, establece que la amnistía debe ser aplicable tanto a personas que se encuentran en Venezuela como a quienes están fuera del país, abriendo condiciones reales para el retorno seguro de quienes fueron forzados al exilio como consecuencia de la persecución judicial.
Persecución institucionalizada
La iniciativa parte del reconocimiento de que en Venezuela el aparato judicial ha sido utilizado de manera sistemática como herramienta de persecución contra personas que han ejercido derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión, lo que ha afectado de forma directa al ejercicio del periodismo y al derecho de la sociedad a estar informada.
Desde el SNTP reiteramos la necesidad de acoger los procesos de excarcelación de todas las personas presas por razones políticas, en especial periodistas y trabajadores de la prensa, y de acelerar estos procesos para devolverle a las familias la paz y la tranquilidad de estar con sus seres queridos.
Recordamos que las excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Persiste la persecución a través de medidas cautelares coercitivas que inhiben el ejercicio del periodismo, del activismo y de otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la manifestación pacífica.
Actualmente, el SNTP registra 59 periodistas y trabajadores de la prensa judicializados: cuatro de ellos permanecen presos (Jonathan Carrillo, Pedro Urribarri, Deivis Correa y Marifel Guzmán), dos se encuentran bajo arresto domiciliario, 23 han sido excarcelados durante 2026, 10 más entre 2024 y 2025, y al menos 20 permanecen en el exilio como consecuencia de la persecución judicial.
A ellos se suman decenas de periodistas que han tenido que salir del país por temor fundado, por la anulación de pasaportes o por alertas en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol), sin siquiera conocer la existencia de una investigación en su contra. Los queremos a todos de vuelta: el país los necesita y el periodismo los necesita.
Asuntos pendientes
La situación de los periodistas presos y judicializados no es un hecho aislado, sino la consecuencia de problemas estructurales que deben resolverse de manera inmediata para garantizar la libertad de prensa y evitar la repetición de estas violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, desde el SNTP exigimos:
- La derogación de las leyes utilizadas para criminalizar la opinión y la crítica, en particular la Ley contra el Odio.
- La revisión y derogación de la Ley ResorteME, convertida en un instrumento de censura.
- El compromiso expreso del Estado de no utilizar el derecho penal contra el periodismo ni contra el ejercicio de la libertad de expresión.
- El levantamiento de los bloqueos digitales y el cese de la censura en internet.
- Procesos transparentes y no discriminatorios para la asignación y renovación de concesiones a radios y televisoras.
- El fin del cierre arbitrario de medios y la devolución de equipos incautados.
- La aprobación de una ley de protección integral para periodistas y trabajadores de la prensa, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación.
Reiteramos que una ley de amnistía puede ser un punto de partida, pero solo será legítima si libera a personas inocentes y si viene acompañada de reformas estructurales que garanticen que el sistema de justicia no vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra el periodismo. Amnistía y reparación, ya.
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