Lea también
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) condena los juicios y declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades y voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, contra periodistas y trabajadores de los medios.
Se ha vuelto una práctica insultar, amenazar y difamar a comunicadores, especialmente en transmisiones hechas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, y particularmente desde el programa “Con el mazo dando”, conducido por Diosdado Cabello. Lo mismo ocurre en el programa “Zurda conducta”.
Esta misma semana, el miércoles 13, el periodista de NTN24, Luis Gonzalo Pérez, fue hostigado por Cabello, quien injustificadamente y de manera temeraria lo vinculó a supuestos planes de desestabilización. Pero han sido muchos los que miércoles a miércoles, día en que se emite el programa aludido, son expuestos e intimidados desde ese espacio.
La violencia y la estigmatización contra periodistas que difunden información que no está alineada con la opinión política de las autoridades constituyen patrones de violaciones a la libertad de expresión.
El SNTP ha documentado severas restricciones la libertad de expresión en Venezuela durante el año 2019. Incluida, de manera alarmante, la descalificación pública de los periodistas y, en casos, la consecuente desaparición y/o detención de quienes han sido señalados.
La censura, el cierre de estaciones de radio, las agresiones físicas, las detenciones y las deportaciones, y en general acciones de hostigamiento, son prácticas igualmente identificadas y que se suman a la criminalización de quienes no tienen la aprobación oficialista. De la misma manera, se inician procesos penales y se restringen los derechos de quienes son dejados excarcelados, como el también reciente caso de Luis Carlos Díaz, quien está privado de participar en manifestaciones públicas, de opinar o informar sobre su juicio y tampoco puede salir del país.
Es responsabilidad del Estado “fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia, como parte de su obligación internacional”, así lo ha señalado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada», así lo dice el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000.
También la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha instado a los Estados a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia.
El SNTP recuerda a las autoridades que la mencionada obligación de prevenir, supone que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de la prensa.
