El ente acusó al presidente Nicolás Maduro de silenciar lo que ocurre en el país
La «catástrofe» que vive Venezuela centró este lunes la última jornada de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Medellín, en la que diversas voces acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de tratar de silenciar lo que sucede en el país petrolero.
Para hablar de la crisis humanitaria y de las restricciones a la libertad de prensa y expresión, los organizadores habían organizado el debate «La dictadura venezolana cercada por su crisis humanitaria», a la que acudieron la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el diputado Jony Rahal y el ex presidente boliviano Jorge Quiroga.
También había sido invitada la coordinadora nacional de Vente Venezuela María Corina Machado, quien no pudo asistir porque tiene prohibido viajar fuera de su país.
Machado, a pesar de no estar presente físicamente, envió un vídeo a la reunión en el que aseguró que «el régimen» de Nicolás Maduro quiere hacer de su país una sociedad «de esclavos o exiliados».
Para Machado, en 2017 Venezuela sufrió «la peor censura y persecución de la libertad de expresión».
Todo ello, porque considera que «el régimen quiere que el drama no se conozca», pese a lo cual aseguró que hay «fotos, reportajes y vídeos» que transmiten lo que significa la vida en Venezuela.
En su opinión, lo que ocurre en el país «no es una dictadura convencional», sino que es «una narcodictadura que ha permitido que se asienten las peores redes del crimen internacional», como son «los narcotraficantes, las guerrillas colombianas o terroristas islamistas».
El diputado a la Asamblea Nacional Jony Rahal, del partido Primero Justicia, aseguró que en su país no se vive una crisis humanitaria, sino «una catástrofe humanitaria», un punto en el que coincidieron los participantes.
«Lamentablemente en mi país hay cuatro millones de venezolanos que tienen que hurgar en la basura para sobrevivir, más de 13 millones de personas solo comen una vez al día», subrayó.
Rahal, que también es presidente de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, aseveró que el índice de desnutrición infantil podría superar este año en su país la cifra de 300.000 niños, el 78% de los quirófanos de hospitales no funcionan, los pacientes con enfermedades crónicas no tiene como tratarse y los oncológicos mueren a diario.
«Ese régimen corrupto niega que en Venezuela haya una crisis humanitaria cuando lo que hay es una catástrofe humanitaria», agregó.
Por su parte, la ex fiscal Ortega aseguró que en Venezuela «la verdad ha sido criminalizada» y por eso «a los periodistas se les persigue, se les acosa y se les cierran medios de comunicación».
Agregó que en los informes presentados durante la reunión de la SIP se ha visto «la realidad que se vive en Venezuela».
El informe de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, que fue presentado ayer, recoge que la situación venezolana se deteriora a diario debido a la «violencia sistemática» que se ejerce contra los periodistas y los medios de comunicación tradicionales que además empezaron a desaparecer.
En el acto de clausura, el presidente colombiano Juan Manuel Santos acusó al gobierno venezolano de usar bandas criminales para controlar a la sociedad y de buscar «perpetuarse en el poder».
«Se están usando inclusive bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo, una asociación macabra, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar a la población», aseguró.
En su discurso, el gobernante hizo referencia a la atención para la creación de las llamadas Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), de las que dijo «se presentan como un modelo superior para la defensa integral de la nación».
Acerca de esas Redes, comentó que «ya existen más de 13.000 células, (con) 40 militantes por célula, para el control social de la población».
El mandatario también hizo referencia al secuestro y asesinato por una disidencia de las FARC del periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, empleados del diario quiteño El Comercio y que consideró «es un golpe muy duro» para la libertad de prensa.
La siguiente reunión de la sociedad será su asamblea anual que se celebrará entre el 19 y el 22 de octubre en la ciudad argentina de Salta.
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