Caracas, 15 may (EFE).- El diario venezolano El Nacional dijo este sábado que seguirá cumpliendo con su deber de informar a través de los mecanismos que estén a su alcance, luego de que fuera embargado como parte de la indemnización millonaria ordenada por la Justicia por una demanda del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
«El Nacional seguirá cumpliendo con su deber de informar a los venezolanos a través de todos los mecanismos que estén a su alcance«, dijo el diario en su editorial web que tituló: «No vamos a desaparecer».
En ella, el diario, fundado en 1943, reiteró que el embargo ejecutivo de su sede como parte de la indemnización por «daño moral» de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por una demanda de Cabello, es un «atropello«.
Además califican de «absurda y fuera de toda lógica legal y financiera» la cifra que el TSJ le ha ordenado pagar por un delito que, asegura, el diario «no ha cometido».
La Justicia venezolana notificó el viernes a El Nacional sobre el embargo al fijar un cartel en las instalaciones del diario.
El cartel, con la orden judicial, rezaba que se practicaron «medidas de embargo ejecutivo» sobre el inmueble hasta cubrir 141.501,24 petros, una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos.
Según la última tasa de cambio oficial, esa cantidad se cambia por cerca de 7,9 millones de dólares.
Una sentencia publicada el pasado 16 de abril por el TSJ dicta que el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.
Cabello, diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
El pasado 21 de abril, tras conocerse la sentencia, Cabello afirmó que tenía intención de «ejecutar» los bienes de El Nacional, si este no le pagaba una indemnización por «daño moral» de más de 13 millones de dólares ordenada por el TSJ.
