Los aumentos de salario y del bono alimentación y otros beneficios laborales decretados por el Ejecutivo no llegan a 800.000 personas de la nómina total de 1,3 millones de empleados y obreros de la administración pública descentralizada. “El gobierno central no envía los recursos del situado constitucional para que las gobernaciones y alcaldías cumplan con sus compromisos laborales”, aseguró Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, reseña El Nacional.
El dirigente de Fentrasep destacó que esa irregularidad “ata de manos a los gobiernos regionales, especialmente los que perciben menos ingresos propios por concepto de impuestos municipales y estadales, para honrar los pagos de la nómina”.
Agregó que las gobernaciones y alcaldías no han podido cancelar completamente y/o a tiempo los compromisos laborales correspondientes a 2017, generados por los incrementos del salario mínimo y del ticket alimentación que ordenó el presidente Nicolás Maduro.
“Esas dificultades serán mayores si Maduro decreta otro aumento de sueldo mínimo y el bono alimentación para el presente mes de septiembre”, advirtió Carbone. Explicó que el Ejecutivo incumple su obligación de enviar mensualmente los recursos por concepto del situado constitucional, los cuales se destinan al pago de las nóminas.
Además del atraso en la cancelación de las alzas del salario mínimo y del ticket de alimentación, los gobiernos regionales enfrentan la mora con sus trabajadores en el bono vacacional, las prestaciones sociales y los aportes patronales a las cajas de ahorro, HCM, fondo de vivienda e Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sobre este último, el sindicalista indicó que el IVSS le niega la pensión a los empleados públicos en edad de jubilarse (55 años la mujer y 60 el hombre) porque el empleador (gobernación y alcaldía) no está al día con su alícuota de las cotizaciones establecidas para percibir ese beneficio.
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Resaltó que las gobernaciones y alcaldías en manos del oficialismo se quedan calladas frente al incumplimiento del gobierno central; sin embargo, este castiga con mayor fuerza a los gobiernos regionales administrados por la oposición, en lo referente al envío de los recursos.
Carbone reveló que la Alcaldía de Libertador es la que percibe mayores recursos para una nómina de 8.000 trabajadores, muchos de ellos militantes del PSUV y miembros de los colectivos.
