Caracas, 26 feb (EFE).- Decenas de trabajadores y representantes gremiales protestaron este jueves ante la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas para exigir respeto a los derechos laborales, a la actividad sindical y un aumento de salarios y pensiones en Venezuela, congelados desde 2022 en 130 bolívares, unos 31 centavos de dólar al mes en la actualidad.
«El salario ha dejado de cumplir su función económica y social. Hoy opera como un mecanismo de control político y social, induciendo a la pobreza», denunció la profesora Raquel Figueroa desde la Plaza Caracas, en el centro de la capital, donde se concentraron los manifestantes.
Figueroa acusó al Gobierno de mantener una «política deliberada de destrucción del salario y del valor del trabajo» que, consideró, se aplica en conjunto con el sector privado.
La también representante sindical presentó un pliego con 17 peticiones de los dirigentes laborales, representantes de distintas organizaciones, como la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y sindicatos de instituciones públicas.
Entre las exigencias, leídas por Figueroa ante los manifestantes, priorizaron el establecimiento de un salario y pensión «mínimos» que cubran la canasta básica, así como la eliminación de los bonos para «convertirlos en salario real, con impactos de prestaciones y beneficios» laborales.
El salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares según el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela; pero la devaluación crónica ha erosionado su valor, y este jueves ese monto equivale a 31 centavos de dólar.
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En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos, que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación, y otro denominado «ingreso de guerra económica», en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.
Estos mecanismos de bonificación fueron rechazados por los dirigentes sindicales, quienes en su pliego cuestionaron una posible reforma «regresiva» de la Ley Orgánica del Trabajo que pueda afectar las prestaciones sociales, que ya denuncian como incumplidas, a la par que exigieron la «libertad plena» de los dirigentes sindicales y trabajadores «presos de manera injusta».
Entre otras cosas, pidieron reactivar «la discusión y firma» de todas las convenciones colectivas suspendidas, eliminar leyes y decretos «usados para criminalizar la protesta», así como la implementación de «un sistema público, universal y solidario» de seguridad social.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó la semana pasada que revisó los «avances» de la llamada «constituyente laboral», con el objetivo de «garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores», sin dar más detalles.
El pasado 2 de febrero, representantes gremiales del sector universitario introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda por la ausencia de aumentos salariales anuales que exige el artículo 91 de la Constitución venezolana.
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