Los Ángeles, 5 ago (EFE).- Defensores de los derechos civiles han instado a la comunidad de Los Ángeles a mantenerse vigilantes del cumplimiento de una orden de un tribunal federal de EE.UU., que prohíbe las detenciones motivadas por prejuicios raciales o sin una sospecha razonable, e instaron a denunciar cualquier irregularidad cometida por agentes migratorios.
“Si el gobierno federal irrumpe en las calles con agentes armados y enmascarados… mi mensaje para todos es: si ven algo, digan algo”, recomendó Mohammad Tajsar, abogado principal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California en una conferencia de prensa.
El llamado se dio tras una nueva victoria judicial de los inmigrantes en la demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, que logró detener las redadas migratorias que azotaron por más de un mes la zona metropolitana de Los Ángeles y áreas rurales aledañas.
Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones confirmó el viernes pasado la restricción temporal (TRO) emitida por un tribunal inferior que impide a las agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), realizar detenciones indiscriminadas en siete condados del sur de California.
Tajsar, junto a otros abogados que representan a los demandantes, están alerta por la posibilidad de que la Administración Trump no cumpla con la restricción temporal en su afán de cumplir con su promesa de deportaciones masivas.
Los demandantes, cinco trabajadores detenidos y cuatro organizaciones —La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes—, argumentan que el Gobierno Trump ha arrestado y detenido “inconstitucionalmente” a personas para cumplir con una cuota “arbitraria” de arrestos.
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“Esperamos exigir cuentas al gobierno federal por estos horrores autoritarios que desató en el sur de California, e invitamos a toda persona con conciencia a unirse a nosotros para defender la integridad y la libertad de las comunidades de color en todo el país”, insistió el abogado de ACLU.
No somos invisibles
La necesidad de hacer un frente común contra los operativos migratorios hizo que Pedro Vásquez Perdomo, que encabeza la demanda, hiciera pública su historia para pedir que se luche contra las redadas indiscriminadas desde la unidad.
“No quiero que el silencio sea nuestra historia”, dijo el inmigrante salvadoreño en una conferencia de prensa donde instó a los afectados por las redadas migratorias a alzar la voz.
Vásquez Perdomo fue detenido en un operativo en la ciudad de Pasadena, ubicada en el condado de Los Ángeles, el pasado 18 de junio cuando esperaba que lo recogieran para un trabajo en una parada de autobús. Allí llegaron varios vehículos sin identificación y unos hombres enmascarados los detuvieron “como si fuera un delincuente».
El inmigrante, que es diabético, fue llevado al sótano del edificio federal del centro de Los Ángeles, conocido como «B-18», donde, según dijo, compartía habitación con otras 52 personas. El lugar carecía de baño y de higiene, denunció.
En las tres semanas que estuvo detenido no recibió tratamiento médico a pesar que sus niveles de azúcar estaban descontrolados y sufrió de una infección en un ojo.
A pesar de que pudo salir en libertad condicional, el inmigrante cuenta que el trauma «no lo ha abandonado», por lo que no sale de su casa a menos que sea absolutamente necesario. “Tengo miedo que por mi color de piel me puedan volver a llevar (las autoridades migratorias)”, indicó.
Preparados para la batalla legal
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirmó que las organizaciones locales seguirán monitoreando los operativos del gobierno federal para asegurarse de que no se violará la restricción temporal.
En ese sentido, Tajsar advirtió que los abogados que representan a los demandantes tienen la responsabilidad de investigar cualquier incidente en el que se sospeche que se esté violando la orden judicial, por lo que es fundamental la ayuda del público y las denuncias.
Una nueva audiencia sobre el caso está programada para el 24 de septiembre.
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